El comisario Villarejo violó «derechos fundamentales» en encargos de BBVA
Facturó más de 10,2 millones de euros a la entidad por «trabajos» ilícitos, además, dada su condición de funcionario público
El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo facturó más de 10,28 millones de euros al BBVA a lo largo de 13 años mediante su entramado empresarial Grupo Cenyt para desarrollar «múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial», unas tareas que además de tener «carácter ilícito atendida la incompatibilidad» de su papel como empresario con su condición de funcionario policial en activo, implicaron «una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» a las que daba seguimiento por encomienda del banco.
Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto con el que da por alzado el secreto de actuaciones con el que se venían investigando estas relaciones comerciales desde el 4 de diciembre de 2018, cuando a la luz de la documentación intervenida a Villarejo a su detención y de los audios difundidos por Moncloa.com y El Confidencial, se abrió la novena pieza separada de esta macrocausa denominada Tándem que ya cuenta con más de una veintena de líneas de investigación.
Conforme explica el instructor, el comisario prestaba esos «servicios» mediante «seguimientos personales o mediante el acceso a documentación bancaria» de los «espiados» prevaliéndose de su condición de policía, una constante en todas las actividades del comisario que se investigan en la Audiencia Nacional. Lesionaba así los derechos fundamentales de estas personas, al tiempo que incurría en «múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos», además del cohecho que se le imputa por esa doble condición de policía y empresario. Con estos antecedentes, el magistrado, instado por la Fiscalía Anticorrupción , levanta ahora el secreto de las actuaciones después de un año y dos meses de pesquisas durante los que se ha llamado a declarar a más de una docena de investigados, entre otras diligencias. La última gestión a puerta cerrada para «asegurar los medios de prueba y evitar intromisiones en las diligencias acordadas» ha sido un requerimiento a Price Waterhouse Coopers, la consultora que recabó parte de la documentación que el BBVA ha aportado a la causa sin que ni su representante legal ni su equipo de letrados supieran concretar en sede judicial el origen de la misma.
Se trataba, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, de una serie de correos electrónicos entre directivos del banco que podrían resultar incriminatorios para personas que no han sido imputadas y que contendrían información sobre encargos a Villarejo y fórmulas para efectuar los pagos. De momento, y tal y como reconoce el instructor en su auto, consta en las actuaciones que fueron «altos directivos de la entidad» quienes contrataron sus servicios, si bien no están «plenamente identificados en aquella fecha» salvo uno: el exresponsable de Seguridad Corporativa, Julio Corrochano, un antiguo policía del que se presume era interlocutor de Villarejo y para el que se fijó fianza de 300.000 euros cuando se acogió a su derecho a no declarar.
Es la misma estrategia que han seguido todos los investigados a excepción del expresidente Francisco González , el exdirectivo Antonio Béjar y la representación jurídica del propio banco: guardar silencio por estar, como estaba hasta ayer, la causa bajo secreto.
