La CNMV insta a las empresas salpicadas por corrupción a depurar responsabilidades
El supervisor bursátil admite estar preocupado por el impacto de escándalos como el caso Villarejo y la trama Púnica en la imagen y reputación de la Bolsa española y exige a las compañías que recojan estos riesgos en sus informes al mercado
El supervisor sigue de cerca y con preocupación los casos de corrupción que afectan a algunas compañías cotizadas, como es la trama corrupta en torno al excomisario José Manuel Villarejo , que ha salpicado a BBVA e Iberdrola ; la trama Púnica, en la que se ha visto inmersa Indra , y las prácticas de sobornos por las que se investiga a FCC y OHL . En ese contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido este lunes un comunicado en el que recuerda a las empresas que «deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular y asegurar, en cuanto se detecten, el cese en ellas y la exigencia de responsabilidades».
«Los casos de presuntas prácticas irregulares en algunas sociedades cotizadas que se han conocido en los últimos meses, algunos de los cuales han dado lugar a actuaciones de la jurisdicción penal, son motivo de preocupación para la CNMV como entidad supervisora del mercado de valores español», reconoce el organismo presidido por Sebastián Albella, que añade que «aunque sólo afecten a algunas empresas o sean imputables a un número reducido de personas, este tipo de situaciones puede comprometer la imagen y reputación de nuestro mercado de valores».
El supervisor bursátil ha decidido tomar cartas en el asunto ante la avalancha de prácticas sospechosas de corrupción en algunas de las principales cotizadas españolas. Se trata, por ejemplo del caso Villarejo, que ha salpicado por ahora a BBVA e Iberdrola por supuestamente haber contratado labores de espionaje empresarial al excomisario de Policía; de la trama Púnica, cuya instrucción señala a Indra por un supuesto desvío de fondos públicos de la Comunidad de Madrid al PP de la región; y de los supuestos sobornos pagados por OHL en la Comunidad de Madrid para hacerse con obras públicas , como apunta la investigación del caso Lezo; y de las mordidas abonadas por exdirectivos de FCC en Panamá a cambio de contratos .
En este sentido, y recordando la importancia creciente que la ética en los negocios tiene en las decisiones de inversión de los inversores, el supervisor recuerda a las cotizadas la necesidad de que sus órganos de gobierno fijen políticas y controles adecuados para prevenir casos de corrupción y otras prácticas irregulares, así como para identificar, evaluar, gestionar y controlas los riesgos e impactos que se deriven de esas prácticas. «Es esencial que se cercioren de que las políticas y controles se aplican con el máximo rigor» , enfatiza el supervisor, quien señala el papel relevante que en esta materia tienen, por un lado, el consejo de administación, y en concreto los consejeros independientes y externos en su papel de contrapeso a los consejeros ejecutivo; y por otro, la comisión de auditoría.
Posibles cambios normativos
La CNMV quiere asimismo que las compañías salpicadas por este u otros casos de corrupción den cuenta al mercado de los riesgos que afrontan. En este sentido, el organismo insta a las cotizadas a describir en sus estados de información no financiera esas políticas contra las prácticas irregulares, los resultados de aplicarla en cada ejercicio y los principales riesgos que hayan detectado. Asimismo, recuerda a las empresas la obligación de reflejar esos riesgos en su informe anual de gobierno corporativo. En este sentido, el supervisor no quiere que las empresas se demoren en dar explicaciones a los inversores y recojan las prácticas irregulares de las que tengan constancia en los primeros informes que se elaboren tras detectarlas, «con independencia de que hayan trascendido o no públicamente a través de medios de comunicación o de otro modo».
El aluvión de casos de corrupción que afectan a compañías del Ibex ha llevado a la CNMV a estudiar la posibilidad de hacer cambios en el código de buen gobierno de las sociedades cotizadas con el fin de reforzar las recomendaciones relativas a este ámbito. En concreto, el organismo se plantea revisar aquellas recomendaciones relativas a situaciones que puedan afectar al crédito y reputación de la sociedad, las funciones de la comisión de auditoría, la política de control y gestión de riesgos, la función interna de control y gestión de riesgos y la supervisión por una comisión del consejo del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y otros aspectos.
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