La CNMC y el escapismo a los límites de un Consejo en funciones
Las desavenencias en el seno de la CNMC han puesto en jaque a un sector, el del gas, que podría sufrir millones de desinversiones y miles de despidos
EL Gobierno Sánchez está en funciones. Con sus límites de actuación previstos. Pura lógica. Porque sin perjuicio de los matices que admite siempre el Derecho , el Doctor Sánchez y los suyos no pueden realizar una labor programática, ni adoptar decisiones que impidan la acción del Gobierno que pueda formarse, y ni mucho menos pueden dar un giro a normativas. Y, ante la parálisis política, ¿qué ocurre con el resto del país? España , consecuentemente, también está en funciones.
El caso es que decía que si bien es cierto que las potestades de un Ejecutivo en funciones están acotadas a través de una extensa y consolidada doctrina, no es entendible que otro tipo de gobernanzas en funciones adopten medidas, como si les fuera la vida en ello y no hubiese tiempo para lanzarlas con más calma e independencia de pareceres llegado un momento más adecuado. Debería ser, igualmente, de puritita lógica.
Pero... no es así. Estos días en boca de muchos está también ese otro tipo de gobierno en funciones. El de aquellos que dirigen instituciones pendientes de consejos en renovación pero que mantienen su actividad. Y tomando decisiones, con más que polémica y drásticas consecuencias. Es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y una de sus últimas propuestas.
El caso es que la CNMC tiene aún a cinco de sus consejeros con el mandato concluido. El propio presidente, José María Marín Quemada ; la vicepresidenta, María Fernández ; y los vocales Benigno Valdés , Josep María Guinart y Clotilde de la Higuera . Son la mitad de sus miembros que, además, por imposición legal no pueden renovar. Entre ellos, aquel que ostenta el voto de calidad: el presidente . Con un consejo en funciones, entiendo que la CNMC no puede, o no debería, adoptar decisiones que comprometan el futuro de la propia institución, el futuro de un sector empresarial en concreto, ni adoptar decisiones que supongan un cambio radical de rumbo en la regulación de cualquiera de ellos.
La CNMC , en el ejercicio de sus competencias, ampliadas por un real decreto ley de enero de 2019, fue mandatada para establecer las metodologías de retribución de las empresas operadoras de las redes (todas ellas, actividades reguladas). Pues bien, el pasado mes de julio lanzó una de sus nuevas propuestas: un recorte del 7% de la retribución que reciben las empresas por la distribución de electricidad y alrededor de un 18% la de gas con el fin de definir un marco regulatorio «estable y riguroso» y adecuado al ciclo económico.
Lanzada la propuesta-bomba en forma de circulares, la polémica estaba servida, y las compañías sufridoras no tardaron en manifestar su más que airada protesta. Sobre todo, las del gas. Que incluso anunciaban la paralización de inversiones y posibles recortes de empleo, obligadas por la que será su nueva y dramática situación económica a futuro, al mismo tiempo que aquellos fondos que confiaron en estas empresas advertían que retirarían su capital de ellas si las circulares se hacen efectivas.
El « Superregulador » , tratando de justificar sus propuestas, afirmaba entonces que las empresas en cuestión están retribuidas en exceso, o que ganan demasiado. Una afirmación tajante que voces del sector dudan que haya sido consecuencia de un análisis riguroso y metódico como se esperaría de un regulador que, además, ni les ha consultado.
Lo mismo la explicación está en el seno del propio regulador, donde ya no es ni siquiera un secreto a voces las discrepancias entre unos y otros miembros del consejo. Más si cabe, entre presidente y vicepresidenta y los que apoyan al uno y a la otra. El primero, que además preside la sala de Competencia, vio con muy buenos ojos el informe sobre el recorte de las retribuciones de las empresas energéticas que les presentó el director de Energía, Fernando Hernández (por cierto, también con prórroga en sus funciones, cuando ya tenía destino nuevo adjudicado desde la primavera pasada: agregado comercial en Tokio ). Mientras que para la «vice» -que preside además la sala de Regulación -, el documento en cuestión le parecía un auténtico disparate. En contra de su parecer votaron tres miembros de su sala: Mariano Bacigalupo (curiosamente, casado con la ministra de la cuestión, Teresa Ribera , si no hay conflicto de intereses que baje Dios y lo vea, ¡y lo diga!), Bernardo Lorenzo (PSOE) y Xabier Ormaechea (PNV). Valdés apoyó a Fernández .
No obstante, parece que la campaña de protestas organizada por el sector, en aras de no tener que verse obligados a soluciones drásticas que podrían acabar en despidos masivos e incluso cierre de las más pequeñas, ha hecho mella entre los consejeros que habían votado a favor de los recortes. Con matices, claro. Ahora, sí ven posible - Marín Quemada , por cierto, no- posponer la tramitación de la circular de recortes al gas, porque tiempo hay. El nuevo periodo regulatorio para el sector gasista va del año 2021 al 2026.
¿Puede un regulador escaparse de los límites de un Gobierno en funciones? Antes de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC , el Gobierno podrá emitir un informe sobre si la propuesta se adecúa a las orientaciones del nuevo plan de descarbonización español y, en caso de discrepancia, se convocará a la Comisión de Cooperación , organismo compuesto por tres personas en representación de la CNMC y tres de la Secretaría de Estado de Energía . Ojo pues con las incompatibilidades de las que hablaba antes. Además, Bruselas está muy pendiente. Considera que no es nada ortodoxo que el poder regulatorio se mantenga en una comisión que también estaría en funciones. De momento, el próximo miércoles 9, pleno del Consejo del «Superregulador» , y nuevas elecciones a un mes vista. Las prisas nunca fueron buenas consejeras.
