El Ciadi suspende el laudo de 1.700 millones a Naturgy por su planta en Egipto
Unión Fenosa Gas, participada al 50% por Naturgy y Eni, denunció la falta de suministro a la planta de licuefacción de Damietta
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![Planta de licuefacción de Damietta, en Egipto](https://s1.abcstatics.com/media/economia/2019/01/10/naturgy-damietta-kBrG--1248x698@abc.jpeg)
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha dejado en suspenso provisionalmente el laudo arbitral por el cual se condenaba a Egipto a pagar unos 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas, participada al 50% por Naturgy y la italiana Eni, por el conflicto con la planta de licuefacción de Damietta.
En estas plantas de licuefacción se transforma el gas natural de su estado gaseoso a líquido para ser transportado en buques metaneros a -160º centígrados. Al llegar al destino, se descarga en plantas regasificadoras, donde se devuelve a su estado gaseoso para ser introducido en la red de gasoductos.
Según consta en la web del Ciadi, ayer se registró «una solicitud de anulación del laudo presentado por la República Árabe de Egipto» y se ha notificado a las partes «la suspensión provisional de la ejecución» de dicho laudo.
Fuentes del sector consultadas por Efe han asegurado que se trata de una decisión habitual, puesto que los estados afectados por estos conflictos internacionales siempre tratan de dilatar la ejecución de un laudo contrario a sus intereses.
El 31 de agosto de 2018 el Ciadi emitió su laudo por el cual condenaba a Egipto a pagar más de 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas, compañía participada al 50% por Naturgy, la antigua Gas Natural, y la italiana Eni, por la paralización de la planta de licuefacción de Damietta, en Egipto.
El Ciadi, institución dependiente del Banco Mundial, resolvía así la demanda presentada en 2014 , fallando contra la República Árabe de Egipto por la falta de suministro a las instalaciones de licuefacción de UFG en Damietta.
El laudo estimaba que no se concedió al inversor el trato justo y equitativo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, por lo que condenaba a Egipto a pagar 2.013 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros) después de impuestos y antes de intereses