CEOE y sindicatos disuaden al Gobierno de cualquier tentación de tutelar la subida de los salarios

Ni empresarios ni sindicatos están por la labor de reeditar los célebres Pactos de la Moncloa , al menos en lo que se refiere a su dimensión salarial. El ya histórico acuerdo político, económico y social que terminaron rubricando en octubre de 1977 los principales partidos políticos, la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, y que ahora se vuelve a reivindicar como referente para surfear el actual contexto de elevada inflación, incluía un compromiso de sindicatos y empresarios con el Gobierno para limitar las subidas salariales de forma que éstas no realimentaran los elevadísimos niveles de inflación existentes en aquel momento, cuando rondaban el 25%. Casi 45 años después, UGT, CCOO y CEOE han dejado claro este lunes al Gobierno que el pacto salarial es una cuestión bipartita y que si el Gobierno quiere negociar un 'pacto de rentas' con los agentes sociales ese diálogo tendrá que centrarse en otros asuntos como el marco fiscal o la forma de contener el impacto de los precios de la energía sobre los ciudadanos.

Sánchez había proclamado el miércoles en el Congreso de los Diputados su intención de promover un gran 'pacto de rentas' en España para amortiguar el nuevo escenario generado por el ataque de Rusia a Ucrania, que a su juicio va a concretarse en un largo periodo de altos niveles de inflación, y desde el Gobierno se vinculó también la reunión de hoy a una intención de mediar para conseguir un punto de encuentro entre las reivindicaciones salariales de los sindicatos y la vocación de las empresas de ensanchar sus beneficios tras los duros años de la pandemia.

A juzgar por las declaraciones realizadas por los representantes de empresarios y trabajadores a la salida de su encuentro de este lunes con el Gobierno, la reunión ha servido sobre todo para disuadir al Ejecutivo de cualquier tentación de intervenir en la negociación entre ellos para determinar la subida salarial de referencia en la negociación colectiva de los próximos años. "El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva es el marco adecuado para la negociación de los salarios", ha enfatizado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez , que ha subrayado la naturaleza bipartita de esta negociación.

Álvarez ha admitido también el interés del Gobierno por visibilizar elementos que podrían ser objeto de acuerdo. "Un pacto de rentas requiere de un acuerdo salarial, pero es mucho más que eso", ha señalado Unai Sordo , el secretario general de CCOO, en un intento por marcar los espacios de la negociación. Sordo ha recalcado la naturaleza bilateral de la negociación salarial, pero ha abierto el campo a la negociación con el Gobierno en aspectos como el control de los precios energéticos, las políticas para amortiguar su impacto sobre lo más vulnerables e incluso la política fiscal, en la que ha abogado por elevar los impuestos a las empresas.

En lo que se refiere en sentido estricto a la negociación salarial, los sindicatos parecen admitir una subida más contenida de los salarios en 2022, si los empresarios se avienen a su vez a establecer cláusulas de revisión salarial que garanticen que los trabajadores no perderán poder adquisitivo en el curso de los próximos dos o tres años.

UGT y CCOO han incidido, además, en la necesidad de dejar las pensiones fuera de ese eventual 'pacto de rentas', toda vez que su actual regulación, revalorización con el IPC incluida, ha sido objeto de acuerdo tanto en el Pacto de Toledo como entre empresarios y sindicatos.

Los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, han reivindicado también el carácter bilateral de la negociación salarial. Garamendi, que ha dicho expresamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les ha presionado en ningún sentido, ha advertido sin embargo contra cualquier tentación de tratar de aprovechar esta situación para regular "todos los aspectos de la economía" mediante recetas "propias de otros tiempos" sin terminar de aclarar a qué se refería.

Sí ha rechazado la propuesta sindical de limitar los dividendos y los beneficios empresariales en el actual contexto.