Los bufetes están desbordados por las numerosas consultas de las empresas

Los grandes despachos de abogados están en pie de guerra contra el decreto del Gobierno que obliga a todas las empresas a instalar registros horarios ya que consideran que «es imposible» fijar controles de jornada a estos profesionales.

Por eso, y según han confirmado fuentes de este sector a ABC, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha mostrado sus discrepancias al propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De hecho, su presidenta, Victoria Ortega, ya mostró públicamente su contrariedad en el XII congreso del CGAE celebrado recientemente en Valladolid.

Curiosamente, la polémica surgió en ese congreso de forma espontánea en un encuentro en el que participaban el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y varios socios directores y presidentes de los principales despachos, como Uría Menéndez, Sagardoy, Garrigues, Cuatrecasas, Gómez-Acebo & Pombo y Roca Junyent.

« Nos debemos a los clientes y que alguien nos diga cómo contabilizamos la jornada laboral si, por ejemplo, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para coger un avión a Bilbao o si debo preparar durante un fin de semana un caso importante que se ve el lunes siguiente», explica a este periódico el responsable de uno de esos prestigiosos despachos, quien subraya que están desbordados por las numerosas consultas que realizan las empresas dada la confusión existente.

Otro de los asistentes a ese encuentro también mostró sus dudas sobre la legalidad de que el decreto del Gobierno pueda ser aplicado a los abogados. Su explicación es que ya existe un real decreto, de noviembre de 2006, que regula la relación laboral «de carácter especial» de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, donde en su disposición adicional cuarta se puede leer que «en lo no regulado en este real decreto será de aplicación lo dispuesto en la ley del Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza y características especiales que concurren en esta relación laboral». Es decir, que la relación laboral de los abogados «ya está regulada en ese real decreto de 2006» , subrayan las citadas fuentes.

Los despachos consultados por este periódico coinciden en que hay que esperar al reglamento que desarrollará el decreto que entró en vigor el día 12 para conocer los detalles y si finalmente se introducen algunas exenciones a determinados colectivos.

Algunos de los expertos temen que el Ministerio de Trabajo no quiera hacer más excepciones a las ya anunciadas de la alta dirección, autónomos y socios de cooperativas.