Bruselas aprueba formalmente el plan de recuperación de España y desbloquea el tramo de 9.000 millones
Se ha previsto que España será la segunda mayor beneficiaria después de Italia y puede llegar a recibir 69.500 millones en transferencias directas hasta 2026
Los ministros europeos de Economía y Hacienda (Ecofin) han adoptado esta mañana el primer paquete de planes nacionales de recuperación y resiliencia, enviados por España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal . Los planes de esos países han recibido luz verde para el uso de los fondos de europeos para impulsar sus economías y recuperarse de las consecuencias de la pandemia Covid-19.
La Comisión ya había remitido al Consejo en junio su evaluación positiva de los planes de estos doce países, Todos ellos han solicitado utilizar la posibilidad de prefinanciación de los fondos asignados su sus gobiernos pueden firmar ahora acuerdos de subvención y de préstamo que permiten el desembolso de hasta el 13% de los fondos asignados.
Para España eso supondría una llegada de alrededor de 9.000 millones, dependiendo de lo que la Comisión logre recaudar en su tercera emisión de deuda. Una vez firmados esos acuerdos nacionales con la Comisión, los primeros fondos pueden ser entregados. Para los siguientes tramos de ayudas, el Consejo deberá evaluar el uso que se ha hecho de lo ya recibido por cada país.
Se ha previsto que España será la segunda mayor beneficiaria después de Italia y puede llegar a recibir 69.500 millones en transferencias directas hasta 2026 para llevar a cabo reformas y programas de digitalización y transición energética. El punto más delicado del plan son las reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones que han ido apareciendo todos los años en las recomendaciones por país que hace la Comisión. Por ahora, Bruselas ha aceptado la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de que esas reformas se diseñarán en un proceso de negociaciones entre los agentes sociales , aunque la realidad es que ni siquiera hay un acuerdo entre los integrantes de la coalición de Gobierno para definirlas. Bruselas ha dejado claro que espera que al menos no se destruyan los cambios que se aprobaron en 2013.
Por otro lado, la Comisión también ha reconocido que necesita «más tiempo» para analizar el plan de recuperación enviado por el Gobierno de Hungría, lo que ha sido relacionado con las tensiones que ha provocado la aprobación en Budapest de una legislación que ha sido muy criticada porque equipara la homosexualidad con la pedofilia y que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya consideró en su día como «vergonzosa».
No estaba previsto que los ministros de Economía entraran a debatir en detalle los 12 planes, puesto que ya han pasado el trámite técnico en el que no ha habido ninguna posición crítica. Ha habido algunos países que han sido al parecer más inquisitivos, pero nadie ha hablado de que las discusiones hayan llegado a un tono áspero como se dio en el momento de la creación del fondo cuando Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria opusieron una fuerte resistencia a la creación de este mecanismo y exigieron que se endureciesen las condiciones para el acceso. Una de esas condiciones es el respeto a los valores esenciales de la UE y el Estado de derecho y la presidenta Von der Leyen había advertido que usaría «todo el poder de la Comisión» para obligar al primer ministro húngaro, Viktor Orban, a retirar esa ley que finalmente ha entrado en vigor.
Aunque no ha seguido los cauces previstos que supone un largo mecanismo en el que intervienen también los países, la Comisión ha optado por un camino más sencillo, que es poner en un cajón el plan de Hungría y con ello retrasar la llegada de las ayudas. La versión oficial es que la Comisión solo recibió el viernes de la semana pasada la respuesta a sus preguntas sobre determinados aspectos del documento enviado por Hungría y que debido a ello, como dijo ayer un portavoz, «aún no hemos terminado el análisis». La indicación parece sugerir que Bruselas le da a Orban dos meses para que retire esa polémica ley.
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