Borrell defiende la legalidad de las indemnizaciones a la antigua cúpula de Abengoa
El exministro socialista asegura que no estuvo en el consejo que las avaló porque estaba presentando su libro
El exministro del PSOE Josep Borrell ha defendido en la Audiencia Nacional la legalidad de las millonarias indemnizaciones que cobró la antigua cúpula de Abengoa, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, que él aprobó como miembro del consejo de administración de la empresa. Borrell, citado como testigo, ha explicado que no estuvo presente en el consejo que las avaló , el 23 de septiembre de 2015, porque presentaba su libro, pero que delegó su voto, favorable.
Según el abogado de la Plataforma de Perjudicados de Abengoa, que aglutina a más de cien bonistas y accionistas de la firma, Felipe Izquierdo, el exministro socialista ha insinuado que a Benjumea, que cobró 11,5 millones de euros, podría haberle correspondido incluso más dinero, por su contrato laboral. Benjumea, expresidente de la entidad, está imputado por administración desleal; Sánchez Ortega, ex consejero delegado, también por uso de información privilegiada.
Borrell, uno de los doce testigos que han comparecido este miércoles , ha aportado explicaciones técnicas y ha defendido que las indemnizaciones (4,5 millones en el caso de Sánchez Ortega) fueron aprobadas por el consejo de administración y por la junta general de accionistas, los cauces legales. También ha explicado, siempre según el abogado de la Plataforma de Perjudicados, que las avaló un informe de un experto del bufete DLA Piper por su salida de la compañía.
Cuestionado por Izquierdo sobre la contratación de Benjumea como asesor extorno nada más desvincularse de la energética, el exministro socialista ha alegado que se le contrató porque el talento hay que conservarlo, en la misma línea con los demás consejeros. El actual director general de la filial estadounidense Abengoa Yield , Santiago Seage, aseguró que se hizo por el bien de los accionistas.
Esta investigación, impulsada por la querella de dos bonistas, trata de averiguar si hubo supuesto delito en la gestión que realizaron Benjumea y Sánchez-Ortega al cobrar las indemnizaciones de 11,5 y 4,5 millones al dejar la empresa, que se encuentra en situación de preconcurso de acreedores y entonces ya andaba sobre el alambre. La Fiscalía entiende que los exdirectivos colocaron en primer lugar su interés patrimonial al de la sociedad a la que representaban.
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