Bildu pone sus condiciones: controlar alquileres, prohibir desahucios y corte de suministros hasta 2023
La formación abertzale pide que el FROB ceda las viviendas de bancos rescatados a los ayuntamientos en un plazo de seis meses
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EH Bildu ha registrado 29 enmiendas parciales a los Presupuestos y en ellas marca la orientación al Ejecutivo en cuestiones económicas clave. Una de las enmiendas da un plazo de 6 meses al Ejecutivo para que ponga en marcha una nueva ley de vivienda que limite el precio de los alquileres y, además, incluya un parque público con viviendas procedentes de entidades bancarias rescatadas, actualmente en manos del FROB.
La formación abertzale también reclama, junto a ERC y Unidas Podemos, incluir en las cuentas públicas un mecanismo que anule los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta es una de las principales batallas que hay actualmente abiertas dentro de la coalición del Gobierno y que se negocia de cara al próximo paquete de medidas que podría ponerse en marcha.
EH Bildu también reclama mejorar las jubilaciones a los policías locales de Euskadi y para el cuerpo de Policía de la comunidad foral de Navarra y favorecer la jubilación voluntaria de los cuerpos docentes de la administración foral de Navarra, para igualarlas a los funcionarios de clases pasivas, grupo que está en extinción.
En materia de vivienda, más allá de la enmienda pactada con ERC y Podemos, insiste en la necesidad de bajar los precios de los alquileres y disponer de parque público que posee ahora el FROB para dársela a los municipios. Otras iniciativas pasan por reforzar la protección de los deudores hipotecarios durante 11 años y ampliar los porcentajes en la tasa de reposición de empleo público, así como disminuir la temporalidad, fijando en 3 años el periodo en el que un empleado público debe pasar a ser indefinido.
En el apartado de las inversiones para el País Vasco, se insta al Gobierno a ceder gratuitamente los terrenos «La Baskonia» al Ayuntamiento de Basauri, una transferencia de 30 millones para infraestructuras ferroviarias y otra de 48 millones para el tren de cercanías de Donostia. También se incluye una solicitud de un programa de inversión para mejorar la sanidad, la educación y el empleo en el Sáhara Occidental.
