Batería de ayudas sociales contra la crisis del coronavirus pese a los números rojos
El Gobierno aprueba un decreto escoba con ayudas a inquilinos, empleadas del hogar, trabajadores temporales y guiños a autónomos
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Marzo acabó con la cifra récord de nueve consejos de ministros celebrados a lo largo del mes, el último ayer, que dio luz verde a un macrodecreto escoba con más de 50 medidas sociales y económicas para encarar la crisis en la actividad que está provocando el coronavirus. La norma incluye una amalgama de ayudas a trabajadores temporales sin empleo, inquilinos en situación de vulnerabilidad, empleadas del hogar, además de moratorias de pago a autónomos pero también una considerable letra pequeña que permitirá rescatar los planes de pensiones a los afectados por ERTE o que los clientes de internet y teléfono no sufran un aumento de la tarifa en pleno confinamiento.
Una seguidilla de guiños cuyo rastro dejó tras de sí, como ya es habitual en los últimos consejos de ministros , un pulso que puso a prueba las costuras del Gobierno de coalición con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, liderando el ala más ortodoxa frente a Podemos. La tensión se plasmó en un inocente lapsus en la rueda de prensa posterior, cuando la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ascendió por error a Pablo Iglesias a «vicepresidente económico» en presencia de la propia Calviño.
Pese a tener poca relación con su ministerio, la presencia de Iglesias en la rueda de prensa simbolizó el poso social que quería otorgar a medidas como las destinadas al alquiler, si bien Calviño consiguió eliminar las condonaciones en los pagos que pretendía Podemos. Finalmente, el Gobierno suspenderá los desahucios por impago del alquiler y ofrecerá una prórroga de seis meses de los contratos que van a finalizar durante los tres próximos meses.
Además, para inquilinos vulnerables que tengan como arrendador a grandes propietarios -con más de diez viviendas-, el decreto contempla directamente una moratoria de cuatro meses a devolver en hasta tres años. Y despliega micropréstamos sin intereses avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a devolver en un periodo de entre tres y diez años para pagar el alquiler. A ello se le suman un reparto de ayudas de hasta 900 euros al mes para las personas que estén en situación de desempleo, hayan sufrido un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o reducido su jornada por motivo de cuidados. El Gobierno calcula que se verán beneficiados por estas medidas medio millón de personas.
Los autónomos son otro de los colectivos que el Ejecutivo quiere apaciguar, ante las quejas de organizaciones como ATA al no suspender la cuota de marzo -que además la Seguridad Social cobró ayer a los tres millones de trabajadores -. Así, el Gobierno extendió la moratoria hipotecaria a locales y aprobó un aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social de seis meses a autónomos y pymes desde el mes de abril.
Durante su comparecencia, Iglesias también anunció subsidios de 430 euros al mes a trabajadores temporales que se hayan quedado sin empleo durante el estado de alarma y no hayan cotizado lo suficiente para cobrar prestación, además de ayudas a las empleadas del hogar que se hayan quedado sin trabajo o hayan visto reducido su jornada. Además , se impide cortar el suministro de agua, gas y luz durante el estado de alarma y los autónomos y pymes podrán abonar sus facturas durante los seis meses posteriores.
Una batería de medidas que supondrán una importante factura para las arcas públicas en un momento en el que, ayer se anunció, el Ejecutivo fue incapaz en 2019 de reducir el déficit , al aumentarlo en 2.700 millones hasta los 33.223 millones, es decir, un -2,7% del PIB. Se trata de dos décimas más que en 2018 y el primer aumento en un año de los números rojos públicos desde 2012.
En plena negociación con Europa para impulsar una mutualización de deuda con coronabonos, el Gobierno comunicó a Bruselas que el déficit de 2019 sería 8.000 millones meno r al que acabó siendo e incumplió el objetivo del 2% que se autoimpuso.
Récord de gasto público
En un año que aglutinó dos elecciones generales y citas autonómicas y municipales, las medidas sociales del Ejecutivo y l as subidas a funcionarios y pensionistas , entre otras, elevaron el gasto público total hasta batir un nuevo récord alcanzando los 521.949 millones, superando por primera vez la cota de 2012 y aumentándolo en 20.452 millones en un año. Mientras, la inversión pública se redujo en 283 millones a 25.406 , un 2% del PIB que supone mínimos históricos. Todo ello en un año de crecimiento económico que sirvió de antesala a la recesión que aguarda ahora a la economía.
España, en fin, se presenta a esta crisis con un margen fiscal nulo, tras desperdiciar años de recuperación para acelerar la reducción del déficit y tras aumentarlo el año pasado. Calviño anunció ayer «planes de reactivación e impulso» para aquilatar la recuperación cuando baje el brote y valoró la «robustez» de la economía hasta finales de febrero, si bien la desaceleración ya había aminorado la velocidad de crecimiento al 1,8% a finales de 2019.
La misma Constitución que citó Iglesias en rueda de prensa consagra el equilibrio presupuestario, pero el déficit no salió a colación. «El Estado no va a dejar a nadie atrás» , abundó. «Que las medidas excepcionales sean eso, excepcionales», contrapuso Calviño.
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