Los ayuntamientos podrán fijar el precio máximo del alquiler
Los grandes tenedores tendrán que «colaborar con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios razonables»
Los ayuntamientos podrán poner un techo a los precios del alquiler. El acuerdo suscrito entre el Gobierno y Podemos para fijar los Presupuestos Generales de 2019 recoge que los consistorios tendrán la opción de declarar «una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas». Dentro de estas áreas, las administraciones locales podrán «limitar las subidas del precio» de los alquileres.
Para establecer qué es una subida « abusiva », los ayuntamientos podrán elaborar un índice de precios de alquiler «de referencia de acuerdo con una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica». Este listado será de obligado cumplimiento y estará enfocado a que los consistorios puedan «regular» el mercado.
El control de los precios del alquiler era uno de los ejes sobre los que giraba la negociación presupuestaria entre Podemos y PSOE. La formación morada había insistido en limitar estas rentas, una opción que había rechazado inicialmente el Gobierno. De hecho, en julio, el ministro de Fomento , José Luis Ábalos, descartó la posibilidad de fijar topes. Finalmente, el Ejecutivo ha dado su visto bueno a esta posibilidad.
El acuerdo recoge más medidas en materia de vivienda. Tal y como había adelantado el Gobierno, se ampliará el plazo de los contratos del alquiler de tres a cinco años en el caso de las personas físicas y de tres a siete en el de las jurídicas. Además, la prórroga tácita, actualmente establecida en un año se extenderá a tres y el arrendador tendrá que comunicar con seis meses de antelación que no se pretende renovar este contrato.
De igual forma, las comunidades de vecinos podrán vetar el alquiler turístico, una medida anunciada hace semanas por el Ministerio de Industria. Las fianzas no podrán ser superiores a dos mensualidades del alquiler y deberán abonarse en metálico.
También se plantea un incremento de la dotación presupuestaria en materia de vivienda. «Se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual, consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. En 10 años España debería invertir el 1-1,5 % del PIB», señala el texto.
Críticas del sector inmobiliario
Del lado de la oferta, como ya había anunciado el Ministerio de Fomento, se construirán 20.000 viviendas en alquiler a «precios asequibles» en un plazo de cuatro años. Y, para incentivar la salida al mercado de los pisos vacíos, se fijará un marco legal que definirá qué es un inmueble desocupado y qué un «tenedor de vivienda». El Gobierno abre la puerta a que estos sean sancionados si no colaboran con la administración «para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios razonables».
Los expertos del sector ya han advertido al Gobierno de que intervenir el mercado de la vivienda podía tener un efecto contrario. Esta misma semana, Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, explicó en un evento los topes al alquiler «siempre repercuten en los precios». «Los propietarios son conscientes de cómo se aplican estas medidas y exigen una parte del alquiler en 'B'», señaló .
Noticias relacionadas
