Austria rechaza el impuesto europeo a las transacciones financieras
Amenaza con retirarse del proyecto si no «se revisa en profundidad la propuesta»
El nuevo ministro de finanzas austriaco, que apenas lleva dos semanas en el cargo, se ha plantado frontalmente ante Alemania y Francia. En su primer Ecofin en Bruselas, Gernot Blümel pidió un aparte previo con su homólogo alemán, Olaf Scholz, para aclararle que «o se revisa en profundidad la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras o Austria se retira del proyecto ». El político del Partido Popular Austriaco (ÖVP) ha confirmado después a la prensa alemana su ultimátum, alegando que en Viena existe una gran frustración por cómo se ha desarrollado el proyecto europeo y la deriva que está tomando contra los pequeños ahorradores. «Austria coinició y avanzó significativamente el proyecto a nivel europeo después de la crisis financiera y después de que la Comisión hiciese una propuesta de regulación.
La idea del impuesto a las transacciones financieras surgió después de la crisis con la idea de gravar el comportamiento irresponsable y altamente especulativo. Originalmente se trataba de castigar a los inversores que especulaban sobre la caída de los precios y las fallas estatales, haciendo que el comportamiento especulativo poco ético fuera poco atractivo y apoyara la economía real», ha dicho en una entrevista, «pero las negociaciones se han alejado cada vez más de esta idea original». Blümel se queja de que la propuesta franco-alemana presentada en diciembre, aparentemente no coordinada con los otros ocho países de la UE que también habían participado en las negociaciones sobre un impuesto a las transacciones financieras, se introduce como un impuesto sobre las compras y ventas de acciones, otros instrumentos financieros, las operaciones intradía y las operaciones especulativas de alta frecuencia. «La actual propuesta franco-alemana revierte la idea original y castiga a la economía real y a los pequeños inversores, e indirectamente recompensa a los especuladores».
El nuevo gobierno en Viena, formado por conservadores del ÖVP y Verdes, no está dispuesto a apoyar esta propuesta. «Austria no puede seguir este camino. Por lo tanto, la propuesta actual debe revisarse para que vuelva a la idea original de un impuesto a las transacciones financieras, castigue a los especuladores y promueva la economía real. Si no hay cambios aquí, abandonaremos el grupo de países miembros que desean introducir este impuesto», ha dicho. Al menos nueve países son necesarios para esa «cooperación reforzada». Además de Alemania y Austria, Francia, España, Italia, Bélgica, Portugal, Grecia, Eslovenia y Eslovaquia también han estado en el desarrollo del proyecto. Estonia ya ha abandonado este círculo.
El proyecto para el nuevo impuesto sobre la adquisición de acciones, presentado por Scholz en diciembre, supone que las personas que compren acciones de grandes empresas deberán pagar al fisco un impuesto del 0,2% del valor de la transacción . Este impuesto sólo sería aplicable a títulos de empresas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros, que en el caso de Alemania son 145 firmas. En el conjunto de los diez países involucrados en un inicio (Alemania y España, están Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia y Portugal) la cifra asciende a más de 500 empresas. Scholz confía en que una ley europea pueda ser “finalizada rápidamente”, para que entre en vigor a partir del 2021. La tasa que propone Berlín no se aplicaría a obligaciones y derivados, y habría exenciones para diversos tipos de operaciones, como las salidas a Bolsa, las ampliaciones de capital, y los fondos de pensiones. Alemania espera obtener con esta tasa ingresos adicionales de unos 1.500 millones de euros anuales, para destinarlos en su mayor parte a financiar la mejora de las pensiones mínimas, las de trabajadores de baja remuneración y largo periodo de cotización, medida con que los socialdemócratas intentan dejar su sello en la legislatura. Pero Los verdes, partido en la oposición y al alza en los sondeos por delante del SPD, critican la medida, considerando que recaerá «únicamente en los pequeños accionistas», una valoración similar a la de algunos diputados de la democristiana CDU.
En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha alabado la propuesta germana y ha adelantado que «vamos a examinar el texto en detalle para garantizar que el acuerdo final sea tan ambicioso como la tasa francesa ya existente; es una buena base para cerrar este dossier en el tiempo más breve posible y que sea aplicada en Europa cuanto antes».
El nuevo impuesto estuvo ya presente en los fallidos presupuestos generales españoles para 2019 y el documento 'Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España', acepta el impuesto como el «gravamen de las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero». La estimación de recaudación en nuestro país por esta vía, según fuentes del departamento de María Jesús Montero, era de 850 millones de euros al año . Pero la efectividad de la tasa depende directamente de que se aplicada en todos los países europeos al mismo tiempo y Austria ya avanza que no será posible.
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido por su parte que «evidentemente la aplicación de esta tasa puede afectar a los clientes bancarios» en cuanto que tendría consecuencias «en los beneficios y en la rentabilidad» de la banca. Los bancos tendrán que reaccionar, por lo que el Banco de España les ha recomendado actuar «con criterio y responsabilidad». Varios bancos y Mercados Españoles (BME) se han mostrado en contra del proyecto.
