La Audiencia Provincial confirma que 82 controladores aéreos de Baleares deberán ir a juicio por los paros de diciembre de 2010

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado este miércoles un auto en el que confirma una resolución anterior del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, fechada en octubre del pasado año, en la que se acordó la continuación de las diligencias contra 82 controladores aéreos de Baleares como paso previo a la apertura de juicio oral.

El auto inicial, ahora ratificado, consideraba que existían «indicios suficientes» de que los paros ocurridos en los aeropuertos de Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza en diciembre de 2010 podrían ser constitutivos de un presunto «delito de sedición».

La Sala ha desestimado, por tanto, los recursos de apelación presentados por dichos controladores contra la citada resolución de pase a procedimiento abreviado. La Audiencia Provincial reconoce que los hechos investigados son complejos y añade que «es criticable la atribución genérica que el auto recurrido hace, sin referencia por nombres y apellidos, a cada uno de los controladores investigados, pues admite y reconoce que su papel no fue el mismo, pero también hay que entender que a priori y según el planteamiento que en el auto expresa nos encontraríamos ante un delito de sedición o de huelga ilegal a cargo de funcionarios públicos que parte como presupuesto de la participación de una colectividad de sujetos, delitos que comportan una actuación conjunta».

En un principio, eran 84 los controladores imputados, pero finalmente el juez decretó el archivo de las actuaciones para dos de ellos. Precisamente, este mismo mes de mayo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma dictó el auto de apertura de juicio oral contra los 82 trabajadores que finalmente deberán sentarse en el banquillo. En dicho auto, el magistrado fijó una fianza por responsabilidad civil de tres millones de euros para los citados controladores.

Cabe recordar que en diciembre de 2010, coincidiendo con el «puente» de la Constitución , los controladores imputados no trabajaron, o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia, presentando escritos en los que alegaban no estar en condiciones psicofísicas para desarrollar su función. Para el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, la intención de todo ello habría sido paralizar el tráfico aéreo sin tener en cuenta las repercusiones que esa circunstancia podría tener.

La actuación de los citados controladores provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos, al no estar dichos trabajadores en sus puestos de trabajo. Finalmente, el 3 de diciembre de 2010 se produjo el cierre del tráfico aéreo. El Gobierno decretó el estado de alarma el día 4 de diciembre y el tráfico se reanudó unas horas después.

Paradójicamente, en un primer momento el propio Juzgado de Instrucción número 1 de Palma había dictado el archivo provisional de la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó los recursos de apelación presentados entonces por la Fiscalía y por la acusación particular —la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca —, y ordenó la práctica de nuevas diligencias. Ello motivó el cambio de criterio del citado Juzgado de Instrucción y la reapertura de la causa.