La Audiencia Nacional imputa al exnúmero 2 de Soria por presunto fraude en las subvenciones al grupo Zed
La citación, prevista para el próximo día 26 de febrero, se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la causa que investiga la «Operación Hanta» sobre la quiebra del grupo empresarial que presidía Javier Pérez Dolset
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado en calidad de investigado al ex secretario de Estado de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria que capitaneaba José Manuel Soria, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín , en relación a subvenciones y préstamos presuntamente irregulares por importe de 48,8 millones de euros concedidas al Grupo Zed entre 2011 y 2015.
La citación, prevista para el próximo día 26 de febrero, se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la causa que investiga la «Operación Hanta» sobre la quiebra del grupo empresarial que presidía Javier Pérez Dolset y en la que se habrían producido delitos de administración desleal, insolvencia punible, fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, coacciones y amenazas.
Una de las ramificaciones de la causa es la presunta adjudicación irregular de ayudas públicas a las que según los informes policiales que obran en el sumario, habría tenido acceso la compañía desplegando sus influencias en el departamento que dirigía Soria y donde Calvo-Sotelo se sitúa como la persona que tenía mayor peso.
Según explicaba la Fiscalía Anticorrupción en la querella que dio lugar a las pesquisas, Dolset y su entorno habrían «falseado» los «requisitos necesarios» para acceder a ese respaldo público a sabiendas de que los proyectos para los que recababan financiación no existían y el dinero nunca volvería a las arcas del Estado.
«Connivencia»
El Ministerio Público se apoyaba en una cadena de correos electrónicos fechados en 2012 de los que se deduciría que «pudo haber una suerte de connivencia por parte de algunos responsables de la Administración con facultad de resolver sobre la concesión de estas subvenciones que pudieron haber acordado otorgarlas a pesar de su carácter aparentemente fraudulento» .
En este contexto, el juez imputa al entonces número 2 del ministro a la luz de uno de esos emails en los que la subdirectora General de Fomento de la Sociedad de la Información, María Ángeles Barragán, informaba al director de Gabinete del Secretario de Estado de una serie de proyectos del Grupo Zed que estaban desestimados (un total de tres) y otros pendientes de resolver (tres más).
A pesar de lo que indicaba ese correo, finalmente todos los expedientes excepto uno fueron estimados y «quien resolvió la concesión de las subvenciones y préstamos fue el secretario de Estado» . El juez le cita para que explique «por qué motivo pese a que en un primer momento se afirmase que estos expedientes se iban a denegar, posteriormente resolvió conceder las subvenciones y préstamos correspondientes».
Asimismo, quiere que esclarezca «si recibió algún tipo de indicación para la concesión de alguna de las subvenciones concedidas en favor de las empresas del Grupo Zed» y en caso positivo, identifique a quiénes se las dieron y aporte más detalles. Convoca además como testigos a la propia Barragán y a José Ángel Alonso Jiménez, destinatario igualmente de esa cadena de correos.
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