La UCO asesta el primer golpe policial a empresas piratas de energía
Un liquidador encabezaba el grupo criminal que estafó 100 millones con la venta de luz a pymes
Es el primer golpe policial a las comercializadoras de electricidad piratas, empresas que compran la energía a los grandes distribuidores y la ofertan luego a los clientes. A los pocos meses, cuando la cartera de clientes está consolidada -tenían unos 4.000- dejan de pagar el producto (la luz) pero siguen cobrando. Un negocio redondo: un fraude de más de 60 millones de euros , al que la UCO de la Guardia Civil, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de poner coto. A esas cifras hay que sumar otros 20 millones de agujero en peajes no recaudados y 14 millones más que no pagaron a Hacienda. Ya hay 18 detenidos en Madrid, Barcelona, Tarragona, Gerona, Alicante y Valencia y se han bloqueado inmuebles, sociedades, productos financieros, coches y hasta un velero.
Al frente del entramado criminal está Esteban Roig Padrosa , un liquidador de empresas de todo tipo de sectores al que persiguen numerosos afectados. Aseguran que los ha dejado en la ruina y se han organizado en una plataforma. Roig, con vínculos en el sector energético desde que este se liberalizó, había constituido un complejo entramado a base de sociedades interpuestas y testaferros (se han detectado 24), que se encargaban de crear y hacer desaparecer el entramado empresarial sobre el que, en un margen de tiempo de siete meses como máximo, se apoyaba la estafa.
Las empresas piratas que vendían luz a coste cero para ellas eran trece, diez ya inhabilitadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ), según informó la subdirectora adjunta de Energía, Paloma Espeja. Fue este organismo el que alertó del fraude al detectar el desfase entre la energía contratada y la que finalmente se comercializó.
En su nuevo camino delictivo Roig y su red vendían electricidad sobre todo a grandes pymes, clientes de alta tensión y algunos clientes domésticos; les cobraba (aunque con suculentos descuentos respecto a otras empresas que podían alcanzar hasta el 30%) pero no pagaba a los suministradores . Y así, cliente tras cliente, ha enjaretado la estafa de cien millones.
La UCO, según informó el teniente coronel responsable de Delicuencia Económica, Francisco Almansa , investigaba el fraude desde el año 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. Almansa detalló la hiperactividad de la organización que abría y cerraba continuamente empresas y destacó que es la primera vez que penalmente se logra actuar contra unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras de electricidad y a Hacienda.
La organización criminal ofrecía descuentos del entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según concretó la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy com petitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase».
