El arma de doble filo de los piquetes: Sánchez los despenalizó y ahora colapsan el transporte
Piquetes violentos están impidiendo el trabajo de los camioneros en algunos puntos de España mientras las patronales denuncian graves perjuicios a la cadena de suministro
En 2021 Pedro Sánchez y su aliado Podemos acababa con las penas de cárcel para actos violentos en las huelgas
La patronal logística UNO alertaba el martes sobre la «alarmante situación que se está viviendo debido a la acción de los piquetes en los principales nodos logísticos de España», que están provocando un «bloqueo» en diferentes rutas y «roturas» en la cadena de suministros. Puertos y centros logísticos en Galicia, Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana están sufriendo las consecuencias de los mal llamado piquetes informativos, que están impidiendo el trabajo de los camioneros en unos paros que no secundan las principales asociaciones de transportistas españoles. Hoy mismo el Ministerio del Interior aseguraba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «llevan actuando desde el primer momento para garantizar el derecho al trabajo de la mayoría de transportistas que no secundan el paro ilegal». Sin embargo, ayer mismo CEOE y Cepyme alertaban de «actos violentos y antidemocráticos de bloqueo».
A instancias de Pedro Sánchez y de su aliado Podemos, el Parlamento daba luz verde hace un año a la derogación del artículo del Código Penal que incluía las penas de cárcel entre los castigos a los piquetes violentos de las huelgas. Con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal se satisfacía una de las viejas reivindicaciones de los sindicatos, así como una promesa constante de los partidos del ala izquierda, que habían perseguido su anulación al haberse juzgado y condenado a más de 300 personas, en su mayoría sindicalistas, por su participación en piquetes violentos en las huelgas generales del 29 de septiembre de 2010, del 29 de marzo de 2012 y el 14 de noviembre de ese año. Fue la primera vez en democracia que los sindicatos convocaron dos huelgas generales en un mismo año, en ambos casos contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguno de los acusados, sin embargo, ha ingresado en prisión».
El mencionado artículo 315.3 establecía que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». No obstante, su eliminación implicó recortar también otro derecho fundamental, el de acudir al trabajo , según coincidieron entonces los juristas consultados por este diario, y también denunció el PP. La iniciativa de Sánchez que salió adelante en 2021 contó con el apoyo de sus aliados parlamentarios habituales, a excepción del PNV, socio prioritario, que se desmarcó en aquella ocasión.
La iniciativa hizo saltar la alarma entre las empresas y provocó un fuerte rechazo de PP, Vox y Ciudadanos, que alertaron de que la medida puede suponer un incentivo a la violencia.
