«Situación de emergencia» en la siderurgia
El acero europeo, en serio peligro por la competencia de China
El sector pide que no sea reconocida como economía de libre mercado en 2016
Las siderúrgicas europeas afilan sus aceros ante el formidable invasor chino. La patronal Eurofer , a la que pertenece la española Unesid , ha unido sus fuerzas a otras ocho asociaciones americanas para evitar que China sea reconocida como economía de libre mercado en 2016 por la Organización Mundial de Comercio (OMC) . Las nueve organizaciones culpan al gigante asiático de la crisis de sobrecapacidad que atraviesa el sector y creen que, si consiguiese su objetivo, quedarían indefensas ante un país al que acusan de sostener con dinero público su industria acerera.
En 2015 las factorías chinas producirán unos 830 millones de toneladas, un 50% de la producción mundial . La cifra, muy por encima de la que su economía es capaz de absorber, ha obligado a los fabricantes del gigante asiático a orientar su producción a la exportación, ofreciendo unos precios cada vez más bajos que su competencia occidental asegura que están por debajo del umbral de rentabilidad.
«Los chinos no tienen ninguna ventaja competitiva en la producción del acero. El coste de producción es similar, el de la energía es similar, y la mano de obra supone, como mucho, un 15% del total. Esto no es la industria textil», asegura Andrés Barceló , director general de Unesid, que vincula los mejores precios del gigante asiático a las ayudas estatales, al flujo casi ilimitado de liquidez por parte de los bancos públicos chinos y a la permisividad de las autoridades a la hora de que estas industrias salden sus deudas.
Por si fuera poco, los occidentales temen que el problema se agrave en los próximos meses, no solo por las crecientes señales de enfriamiento de la economía china, sino porque podrían quedarse sin armas para protegerse del descomunal volumen de producción de la industria asiática, cuya sobrecapacidad cifran entre 200 y 400 millones de toneladas, tres veces más de lo que produce la suma de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil .
Actualmente los europeos pueden solicitar a la Comisión Europea una investigación «antidumping» por amenaza de daño sobre un determinado producto, lo que desemboca en la imposición de aranceles en caso de que se demuestre el perjuicio. Sin embargo, se verían despojados de esta arma si finalmente la OMC admitiese que China es una economía de libre mercado, algo que las autoridades del país asiático consideran que debe producirse con carácter automático en 2016 al cumplirse 15 años desde su ingreso en la organización supranacional.
«Si la OMC reconoce a China, España y Europa van a dejar de ser un sitio en el que se pueda producir », asegura Barceló, tajante. «Estaríamos totalmente desarmados. Solo nos quedaría sentarnos y esperar».
Temores en España
La industria española, que emplea a 24.000 personas de forma directa y 60.000 de forma indirecta, es una de las más afectadas del continente. Nuestro país es el tercer destino de las importaciones de acero chinas, después de Italia y Bélgica -en cuyo caso hay que descontar el efecto distribuidor que tiene el puerto de Amberes, que sirve de punto de llegada a mercancías de toda Europa-, algo que Unesid justifica por la gran disposición de los compradores españoles a cambiar de proveedor ante ligeras variaciones en los precios.
Como consecuencia, varias fábricas españolas ya han puesto en marcha procedimientos de regulación temporal de empleo, que podrían agravarse si la crisis continúa a partir del mes de enero. La situación es especialmente grave en Asturias, donde la compañía más afectada, ArcelorMittal, elabora productos planos (bobina caliente, decapada, galvanizada, pintada, hojalata y chapa gruesa), los más importados desde el gigante asiático, en una factoría que supone el 12% del PIB de la región,
Por ello, la industria patria no piensa quedarse de brazos cruzados, y ha solicitado una reunión del grupo de trabajo del acero previa a la solicitud de una investigación «antidumping». Antes, no obstante, quiere, junto con sus compañeros europeos, que la UE flexibilice los trámites y acorte los tiempos para que se tomen medidas provisionales, que en la actualidad rondan los 15 meses . Una petición que podría haberse valorado en el consejo de ministros de Competitividad celebrado el lunes pasado, cuyas conclusiones han dejado «buenas sensaciones» en el sector.
