La liberalización del AVE encalla de nuevo en los cánones
Los presupuestos no contemplan una bajada de los peajes que deben pagar las empresas
El proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros vuelve a estar pendiente del hilo de los cánones ferroviarios. El Consejo de Estado dio la semana pasada luz verde a la orden ministerial que regulará la entrada de un competidor privado en el corredor del Levante , que comprende las líneas de alta velocidad y convencionales (excepto los servicios de Cercanías) entre Madrid y Valencia , Alicante y Murcia , este último cuando se complete el trazado.
Está previsto que el Gobierno apruebe el proyecto en las próximas semanas, de manera que el título habilitante que permitirá a una única empresa privada la explotación de estas líneas durante un periodo de siete años se pueda adjudicar antes de final de año. Sin embargo, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 no recoge ninguna partida para permitir abaratar estos peajes que deben abonar los operadores al administrador ferroviario, ADIF , por utilizar infraestructuras tales como las vías o las estaciones.
Fuentes del Ministerio de Fomento reconocen, asimismo, que resulta «poco probable» que posteriormente se incluya una partida para recortar estos cánones durante el periodo de enmiendas. Por tanto, y si no se produce un viraje con el fin de agilizar un proceso que se resolvería en los últimos compases de la legislatura, no se satisfará una de las principales reclamaciones de las compañías interesadas , que pedían una rebaja de en torno a 35%.
«Los retornos, con los cánones actuales, resultan insuficientes para que las compañías se presenten a un proyecto de esta envergadura », explican fuentes empresariales, quienes sostienen que «apostar por un proyecto de estas características, si no producirse esta reducción en dichos costes, es apostar a que no se va a presentar nadie».
Numerosas compañías ya han manifestado su intención de convertirse en competidores de Renfe, al reconocerlo de forma expresa o al adquirir la licencia ferroviaria que permite prestar servicio en la red española. Entre ellas, se encuentran ACS, Ferrovial, Acciona, Comsa, OHL , Transfesa, Globalia, Planeta (Veloi Rail) y filiales de empresas de transporte por carretera (como Avanza Tren y Alsa Rail ). Pero ninguna ha adelantado sus planes concretos ni si esperan asociarse con otras compañías para pujar por el concurso, a la espera de que Fomento dé a conocer sus condiciones.
El pasado mes de marzo el Gobierno ya aprobó bonificaciones y la eliminación del canon de acceso con el objetivo de facilitar la entrada de empresas privadas. Las compañías valoran esta decisión, enmarcada en la reforma de la Ley Ferroviaria , pero la consideran insuficiente. «Necesitamos saber cuál será la cifra exacta de estos costes para decidir qué oferta podemos presentar o si la presentaremos», lamentan desde las compañías.
Los cánones se han ido incrementando en los últimos años en consonancia con la caída de las asignaciones presupuestarias . Así, Renfe tuvo que abonar el año pasado 577 millones de euros, 250 millones más que hace cinco años.
Tiempo límite
Corre el tiempo y las empresas se mantienen escépticas sobre la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante el proyecto este año, pese a que continuamente desde Fomento -e incluso la propia ministra, Ana Pastor - insisten en que su departamento sigue adelante con el plan.
Ante las dudas suscitadas tanto por los cánones como por la celeridad con que previsiblemente se convocará el concurso si se quiere adjudicar durante esta legislatura , desde las empresas ya hay voces que piden abiertamente que se aborde tras las elecciones generales, que podrían convocarse para el mes de diciembre .
La aprobación de la orden ministerial y la publicación de los pliegos en septiembre dejarían un margen de apenas tres meses para que las empresas presentasen sus ofertas y posteriormente la Administración las estudie para adjudicar el título habilitante. Se trata, por tanto, de un plazo muy estrecho . Las compañías consideran que el mínimo plazo de tiempo necesario para redactar estas ofertas es, precisamente, de tres meses .
Otro elemento que puede dificultar el proyecto es que la señal de salida a la liberalización se produciría de manera simultánea a las huelgas que se disponen a convocar los sindicatos de Renfe, que además de pedir la contratación de 1.125 personas ante la «grave situación de falta de mantenimiento de los trenes y un servicio deficiente», critican los planes de liberalización . El sindicato de maquinistas (Semaf) ya ha convocado cuatro jornadas de huelga de 24 horas durante los días 4, 11, 14 y 15 de septiembre.
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