Las empresas que financien partidos de modo ilegal no podrán ser contratadas

Un endurecimiento en la concesión de ayudas para garantizar la viabilidad de las infraestructuras -tras el nefasto precedente de las autopistas en quiebra-, el aumento de los supuestos por los que se prohíbe la contratación con las administraciones públicas y la creación de un organismo que valorará la sostenibilidad económica de las obras públicas en el momento de su diseño -con el no menos rechazable precedente de las estaciones de tren y los aeropuertos sin apenas uso- y cuyas recomendaciones deberán ser respetadas por la administración o compañía pública contratante, son los aspectos más destacados de las enmiendas remitidas por el grupo popular a ley de contratos del sector público y a las que tuvo acceso ABC.

Entre las nuevas medidas más reseñables se encuentra la inclusión de los delitos de financiación ilegal de partidos , blanqueo de capitales y «actividades prohibidas a los funcionarios» en el artículo 60, por el que se regulan aquellos casos por los que una empresa o sus administradores quedan automáticamente excluidos de participar en un concurso público, siempre que hayan sido condenados en firme .

Varias empresas, entre ellas OHL, Sacyr , FCC, Azvi y Sando , han sido investigadas por la Audiencia Nacional en el marco del «caso Bárcenas» y su participación en una supuesta red de donaciones por las que el Partido Popular pudo disponer de una contabilidad opaca entre 1990 y 2008. Únicamente, en la ronda de declaraciones ante el juez Pablo Ruz en 2013, el expresidente de FCC Construcción José Mayor Oreja reconoció haber concedido 60.000 euros en 2011 por medio de dos empresas participadas.

Otra de las propuestas más relevantes del texto que se debatirá en las Cortes es la creación de la Oficina Nacional de Evaluación , cuya composición y funcionamiento deberá fijarse mediante una orden del Ministerio de Hacienda , tras un informe previo de la comisión delegada de auntos económicos. Esta nueva organización deberá emitir «con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos» un informe sobre la «sostenibilidad financiera » de estos proyectos. La administración que haya lanzado el concurso deberá tener en cuenta las advertencias de la Oficina . De lo contrario, deberá incluir un informe junto al contrato, que será de acceso público.