¿Dónde va nuestra ropa usada?
El reciclaje textil puede ser un negocio boyante en el que se mueven mafias, intereses económicos y hasta sectas
Cada ciudad tiene su propio modelo , son los ayuntamientos los que determinan qué organizaciones están autorizadas a recoger prendas y calzado usados. Así que, ¡cuidado!, no lo puede hacer cualquiera. Puede usted llamar al Consistorio de su localidad para saber cuáles son los contenedores autorizados o revisar el listado de organizaciones legales colgado en la web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para «evitar el fraude a los ciudadanos». Porque hay fraude, sí. Y piratas. Y mafias. En marzo, sin ir más lejos, la Policía Nacional desarticuló en la Comunidad Valenciana una banda dedicada a este tipo de robos. Estos criminales son el lado más oscuro de esta actividad con dos caras: la de quienes hacen negocio y la de la solidaridad . Las mafias colocan contenedores falsos que pueden generar cada uno, según la OCU, «unos 3500 euros al año». En algunas ciudades, con una buena cantidad de contenedores alguna de estas organizaciones puede embolsarse unos 70.000 euros anuales. Llegan incluso a robar contenedores autorizados. Y si no consiguen sacar la ropa, vierten grasa en el interior para que nadie la pueda usar más.
En todo caso, también dentro de la legalidad se producen situaciones cuestionables. La mayoría de los ayuntamientos autorizan la recogida a ONG y empresas con o sin espíritu solidario que ceden una parte del beneficio que generan al municipio. Madrid, por ejemplo, acaba de adjudicar el servicio a EcoTextile Solidarity, una empresa con ánimo de lucro fundada en 2012 que se impuso a sus competidores con la propuesta «más ventajosa», al entender del Consistorio. La compañía se comprometió a aportar a las arcas locales 560.000 euros al año, seis veces más de lo que, hasta ahora, había proporcionado la gestión de Humana, una ONG.
En ciudades como Zamora han optado por otro modelo. Menos lucrativo, pero de efectividad contrastada. El Ayuntamiento ha adjudicado la concesión a Cáritas, exonerando a la entidad de hacer pago alguno dado su «carácter eminentemente social».
La ropa desechada genera ingresos y lo hace por dos vías. Una parte se selecciona, se higieniza y se revende. Suele ser el 40 por ciento de las prendas, que acaban en tiendas a precio bajo, entre 50 céntimos y 10 euros de media. Solo Cáritas destina una parte de la ropa recogida a donaciones directas a personas necesitadas. El resto de las ONG y empresas la venden. Distinta cuestión es que ese dinero se destine a reinserción laboral y solidaridad o a reparto de beneficios entre sus accionistas.
Otra parte de la ropa recogida, un 45% (el 15% restante es inutilizable), se tritura y recicla en empresas especializadas que la convierten en aislantes, tapicerías, acolchados, bayetas y hasta en cierto tipo de cemento . Y pagan por esa ropa en torno a 35 céntimos por kilo. Es un negocio importante si tenemos en cuenta que Europa desecha seis millones de toneladas de textiles al año.
Adjudicar la concesión a una organización como Cáritas ahorra agrias polémicas. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con Humana, a la que se ha acusado de desviar fondos humanitarios a fines lucrativos y de estar vinculada a la secta danesa Tvind. Pese a ello, Humana, a la que en el Reino Unido se le prohibió usar la etiqueta de ONG, es la única organización autorizada por muchos ayuntamientos españoles para recoger ropa usada.A las ONG vinculadas a la Iglesia, con la crisis, se han unido otras asociaciones dispuestas a generar puestos de trabajo. Es el caso de Recumadrid, una cooperativa de iniciativa social que recoge ropa usada a domicilio y que cuenta con cuatro empleados.
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