Los directivos de Novacaixa alegan que no se les puede condenar por «alarma social»

Los antiguos directivos de las cajas gallegas juzgados por sus prejubilaciones millonarias han alegado que la «alarma social» — cobraron 18 millones al dejar Novacaixagalicia en plena crisis— no es una razón para «justificar una condena penal». En la última sesión del juicio en la Audiencia Nacional, las defensas de la antigua cúpula de Novacaixagalicia han negado que hubiera un plan para mejorar sus contratos de alta dirección.

Las defensas no han dudado en señalar al Banco de España , quien, según ellos, estuvo al tanto de las prejubilaciones en todo momento. «Si esto fuera una obra de teatro, el Banco de España no estaba en la primera fila: era el apuntador en el escenario », según las palabras del letrado de José Luis Pego, el exdirector general.

El abogado del expresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, quien está acusado como cooperador necesario por ser una pieza del plan, ha comparado al Banco de España con el capitán Renault de la mítica película Casablanca , quien era plenamente consciente del juego ilegal que se movía en el club de Rick, con su presencia. Según este letrado, Gayoso llevó a cabo una actividad tan escasa que la modificación de los contratos pudo realizarse sin él.

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión para tres exdirectivos —Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorrirarán—, el expresidente Gayoso y el asesor laboral de la entidad Ricardo Pradas por concertar un plan con el que mejorar sus contratos de alta dirección con la premeditada intención de dejar la entidad, antes de que se convirtiera en banco en septiembre de 2011. Las fiscales del caso retiraron ayer su acusación contra otro exdirectivo, Javier García de Paredes , el único que provenía de Caixa Galicia.

Los letrados de las defensas han calificado de «extravagante», «barroca» y «forzada» la construcción de hechos armada por la Fiscalía, a quien acusan de alternar los delitos que se atribuyen a los directivos ( estafa, apropiación indebida y administración desleal ), como si fueran tapones de corcho. «Se dan la vuelta unos por otros, porque alguno tiene que entrar», han denunciado. Los hechos, según ellos, no tienen «relevancia penal» alguna.

Según las tesis de la defensa, no hubo mejores económicas en los contratos de los directivos, sino simplemente una pura adaptación a la situación resultante de la fusión de las entidades . Algunos, como Pego, han llegado a relatar que si hubieran abandonado la entidad antes de dicho proceso hubieran ganado incluso más dinero . «No hubo ni plan ni mejoras ni perjuicio a la entidad». Los tres directivos acusados dejaron la entidad un día antes de su conversión en banco. La Fiscalía solicita que se les condene también a la devolución del dinero: un total de 13,3 millones de euros, puesto que descuenta la cantidad que cobró García de Paredes. El juicio ha quedado ya visto para sentencia.