Botín y González recuerdan a Carmena que ya hay un fondo social de viviendas

En un ambiente de absoluta cordialidad y con el convencimiento de una estrecha colaboración de ambos bancos con el nuevo ayuntamiento desde hoy mismo. Así transcurrieron las dos reuniones de ayer al mediodía de Manuela Carmena , alcaldesa de Madrid, en su visita a las sedes de BBVA y Santander. En los despachos de Francisco González, presidente de BBVA, primero, como de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, después, la recién estrenada alcaldesa de la capital transmitió el mismo mensaje que ya comunicara también hace apenas una semana al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri: su deseo de conseguir acabar con los desalojos y los alzamientos en la Comunidad de Madrid, tal y como llevaba en su programa preelectoral.

Carmena les explicó a ambos interlocutores que los «desahucios son una responsabilidad contraída con la ciudadanía ... y los bancos tienen que devolver algo “esencial”, que es ayudar a los ayuntamientos a buscar una alternativa habitacional a las personas afectadas por los desahucios». La respuesta, en líneas generales, coincidió: absoluta certeza de que se ayudará en la medida de lo posible, siempre bajo la legalidad, y teniendo en cuenta planes propios que ya están funcionando desde hace tiempo.

La alcaldesa les confirmó que con Bankia están «empezando a preparar un acuerdo» para que el banco pueda ceder viviendas vacías y el Ayuntamiento de Madrid las pueda poner en alquiler social, aunque aún es un «esbozo y hay que concretarlo». Tanto Botín como González no dudaron en recordar a Carmena que hoy ya existe un fondo social de viviendas, en el que –tal y como adelantó este periódico– hay disponibles alrededor de 4.500 viviendas con opción a alquiler, cedidas por todas las entidades financieras españolas y gestionadas por los ayuntamientos.

Y mientras la recién elegida alcaldesa de Madrid se fogueaba en su «roadshow» financiero , el Partido Popular y Ciudadanos incluían en el acuerdo que convertirá a Cristina Cifuentes en presidenta de la Comunidad de Madrid una medida que pretende «preservar» el fin social de la vivienda pública. El nuevo gobierno regional se compromete a no vender viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro.

En 2013, entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se vendieron a fondos de inversión cerca de 5.000 inmuebles. Y han sido varios los casos de desahucios sobre estas viviendas de antigua titularidad pública. De hecho, un informe del Ministerio de Hacienda cifra en un 60% los desahucios que, hasta junio pasado, se produjeron en inmuebles vendidos a fondos buitre.