Uber celebra que sea Europa quién decida si realiza competencia desleal

El magistrado del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) para determinar si el servicio que presta Uber supone una competencia desleal a los taxistas, como alegó la asociación profesional Élite Taxi en una demanda presentada en octubre del año pasado.

En la providencia, considera que debe realizarse una indagación de naturaleza jurídica para calificar la naturaleza del servicio que desarrolla Uber para saber si debe catalogarse como un servicio de transporte o como un servicio propio de la sociedad de la información, para lo que considera «imprescindible» plantear la cuestión al tribunal europeo.

«Para determinar si la entidad demandada desarrolla un comportamiento susceptible de vulnerar las normas sobre competencia española, considero necesario determinar si requiere o no previa autorización administrativa », señala, y añade que esta autorización dependerá de la naturaleza de los servicios que realiza.

La decisión del juez ha sido celebrada por la aplicación móvil, que mediante un comunicado ha afirmado que valora «positivamente este hecho ya que pone de manifiesto la existencia de un debate jurídico sobre la consideración de Uber como una empresa que opera en el marco de la Sociedad de la Información y que presta sus servicios de intermediación en el ámbito europeo».

Además, Uber ha explicado que la cuestión relativa a la pertenencia a la sociedad de la información también fue recogida por el auto emitido el 27 de mayo por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid en el que, además, se levantó la obligación impuesta a operadores de telecomunicaciones de bloquear el acceso a la web y la aplicación de Uber , aunque este juzgado mantiene el proceso judicial dentro de la justicia española ordinaria.

Uber ha señalado que apuesta por la regulación por parte de las administraciones públicas del fenómeno de la economía colaborativa en España « para que sus ciudadanos puedan compartir recursos y realizar intercambios de bienes y servicios , con o sin remuneración económica, en un marco de seguridad jurídica», para lo que ha sostenido que está en constante diálogo con las autoridades competentes.