El Gobierno eleva de dos a cinco años los visados para inversores

El Gobierno está dispuesto a facilitar la llegada de inversores a España, mejorando su régimen jurídico, en lo que afecta a los visados de residencia y la adquisición de viviendas. La vía para conseguir estas mejoras es una reforma de la Ley de Emprendedores, a través de la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Segunda Oportunidad, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.

Entre las 30 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, hay que destacar la que se refiere a la reforma del artículo 67 de la Ley de Emprendedores. En ella se contempla la posibilidad de ampliar de dos a cinco años los períodos de residencia en España de los inversores. La condición para esta renovación es que mantengan las condiciones que generaron este derecho.

Otro aspecto a destacar son las facilidades que se van a dar para la tramitación burocrática de estos visados. Los inversores que residan en España de una forma regular podrán pedir el visado sin tener que salir al extranjero.

Finalmente, en lo que respecta a la adquisición de viviendas, se acepta un contrato de arras (contrato privado donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes, o inmuebles como una vivienda, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal) como justificante de la inversión. Con ello pueden conseguir un visado de inversión temporal de seis meses, tiempo estimado para hacer la inversión. Una vez conseguido este visado, la inversión tiene que hacerse realidad para que puedan acogerse a los beneficios de la Ley.

Otra de las aportaciones que han hecho los populares se refiere al régimen concursal. En este sentido, plantean la posibilidad de que «el notario impulse las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, pudiendo designar, si lo estimase conveniente, un mediador concursal».

Junto a estas enmiendas -se han presentado 300 por parte de los grupos políticos- el PP también ha introducido mejoras para los autónomos, como la posibilidad de cobrar la prestación desde el primer día del mes siguiente al cese de la actividad. Igualmente, se les permitirá iniciar un nuevo negocio, aunque no hayan satisfecho todas sus deudas, con la condición de que las abonen si reciben algún ingreso extra (herencia, juego de azar...)