Huelga de pilotos en Portugal para frenar la privatización de la aerolínea pública

«Es perverso convocar una huelga de 10 días para evitar la privatización de la TAP porque eso pone en riesgo a la propia empresa. Y no hablo de un riesgo a medio plazo, sino a corto plazo». Las contundentes palabras del primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, reflejan la tensión que la aerolínea está provocando en el Gobierno de Portugal, pues son 10 días de paros desde el próximo día 1 (sí, precisamente en el Primero de Mayo, Día Mundial del Trabajo), con unas pérdidas estimadas de 70 millones de euros

El sindicato de pilotos responde así de manera rotunda a los planes institucionales, después de que el primer ministro declarase: «O privatización o caos».

La venta de la compañía ofrece unas atractivas posibilidades comerciales para los grandes consorcios del sector, pues dispone de unas excelentes conexiones con Brasil y África (especialmente, las antiguas colonias lusas, como Angola o Mozambique, donde las inversiones chinas ya se dejan notar), pero todo este asunto se ha convertido en una cuestión de Estado y en una verdadera pesadilla.

«La privatización será imposible si se cumplen en la práctica esos 10 días sin actividad», explicó Passos Coelho. Y añadió: «La alternativa es el despido colectivo, la cancelación de rutas, la venta de aviones y que la TAP sea una empresa en miniatura».

La posición de fuerza de los pilotos es vista como «un gesto extraordinariamente egoísta e irresponsable». Tanto es así que el ministro de Economía, Antonio Pires de Lima, apela «al sentido común» de este colectivo para que no se consumen sus amenazas, pues de lo contrario la viabilidad de la firma quedará en entredicho.

«Puede ser muy duro porque 10 días son muchos», ha señalado antes de acusar a los empleados de colocar sobre la mesa reivindicaciones que ya fueron rechazadas, como el reparto de acciones hasta lograr el control del 20% de la aerolínea. La Audiencia Nacional (denominada Procuradoria Geral da Republica en Portugal) declaró nula esta petición. Y Pires de Lima argumenta entonces: «El Gobierno no puede negociar algo que la PGR ha considerado por escrito que no se puede hacer».

Las espadas están en alto, y el desafío continúa su particular escalada a medida que se acerca la fecha de la huelga.