Hacienda sólo ingresó dos de los 319 millones que esperaba recuperar de cajas de seguridad bancarias
El Tribunal de Cuentas pone en tela de juicio la eficacia recaudatoria de la Agencia Tributaria en sus actuaciones sobre entidades financieras
El Tribunal de Cuentas pone en tela de juicio la eficacia recaudatoria del embargo de cajas de seguridad en entidades bancarias como mecanismo para luchar contra las insolvencias aparentes, a la luz de los ingresos obtenidos por la Agencia Tributaria (AEAT) en 2013 –el primer año de aplicación de la medida– por esta vía: apenas el 0,6% de lo perseguido, en concreto dos millones de los 319 que había previsto.
Así consta en el «Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Agencia Tributaria para el cobro efectivo de las deudas tributarias durante los ejercicios 2012 y 2013» del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, documento al que ha tenido acceso Europa Press.
Según el informe, durante el año 2013 funcionarios de la AEAT se personaron en 542 ocasiones en 270 sucursales de 24 entidades financieras de todo el país y embargaron 344 cajas de seguridad. Su intención era recuperar hasta 319 millones de euros de deuda que 551 contribuyentes físicos y jurídicos tenían con la Hacienda pública, pero «finalmente sólo se recaudaron 2 millones de euros», lo que equivale al 0,6% del total y pone de manifiesto una «eficacia recaudatoria limitada», según el Tribunal.
Con el mismo objetivo de luchar contra las insolvencias aparentes, la Agencia «superó ampliamente» el número de investigaciones de movimientos financieros que preveía realizar, si bien el Tribunal destaca el número de requerimientos de información a las entidades bancarias que no obtuvieron respuesta: 564 en 2012 y 1.127 en 2013. Pese a ello, entre los dos ejercicios estas actuaciones sólo dieron lugar a la apertura de cuatro expedientes sancionadores.
Desde la Agencia Tributaria, señalaron a Europa Press que el plan de cajas de seguridad en entidades bancarias como mecanismo para luchar contra las insolvencias aparentes no puede entenderse como un plan cerrado.
En sus alegaciones al informe preliminar del Tribunal Constitucional, el organismo dependiente de Hacienda ya señaló que las investigaciones sobre cajas de seguridad eran actuaciones necesarias y legales cuyo efecto recaudatorio directo era limitado, pero cuyo efecto inducido era claro, y que las cajas de seguridad dejaban de ser un refugio para deudores con la Hacienda Pública.
Fallidos y rehabilitados
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas detectó un «incremento relevante» entre 2012 y 2013 de las declaraciones de fallidos de deudores insolventes (+43%) y de los créditos incobrables (+8%). Además, los casos de rehabilitación de insolventes sobrevenidos se más que triplicaron de un año a otro, a pesar de que más del 60% de los créditos volvieron a ser dados de baja por incobrables apenas un mes más tarde, de media.
De hecho, el informe señala que en octubre de 2014 se habían ingresado sólo 166 de los 1.362 millones de euros rehabilitados en 2012 y 173 de los 1.433 millones de 2013, apenas el 8%, lo que refleja que «solamente un porcentaje muy bajo de créditos rehabilitados llega realmente a cobrarse».
En parte, el Tribunal achaca esta situación a la falta de un procedimiento para tramitar insolvencias o rehabilitaciones parciales a los contribuyentes, lo que lleva a que la declaración de fallido de un deudor suponga la consideración de toda su deuda como incobrable y a que lo mismo suceda cuando se le rehabilita, pese a que eso no siempre se corresponde con la realidad.
Concursos
Con respecto a la deuda paralizada, no sufrió variaciones relevantes en los dos primeros años de Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que la suspendida cayó un 12% y la afectada por procesos concursales creció «de manera muy significativa» (+46%) entre 2012 y 2013, «en coherencia con la situación económica», alcanzando los 7.682 millones de euros.
De hecho, en el año 2012 la Agencia Tributaria tuvo que cancelar 1.442 millones de euros y otros 1.984 millones más al año siguiente en deudas derivadas de concursos de acreedores, y apenas ingresó 1.154 millones de euros en este proceso entre los dos ejercicios.
En paralelo, un cambio en 2013 en las instrucciones sobre cómo seguir a los obligados tributarios en situación de concurso llevó a que 4.139 procedimientos dejaran de tener un seguimiento completo. En este sentido, el Tribunal recomienda al Gobierno que «considere la posibilidad de incrementar el número de efectivos destinados en las unidades concursales».
Medidas cautelares y judiciales
En el informe se constata finalmente un aumento «muy relevante» de las medidas cautelares, de las derivaciones de responsabilidades (70%), lo que pone de relieve un «margen elevado para poder seguir aumentando y mejorando este tipo de actuaciones», para lo cual el Tribunal recomienda mejorar las aplicaciones informáticas e incluso crear algunas específicas para el seguimiento de cierto tipo de procedimientos.
Con respecto a las acciones judiciales, se incrementaron también «significativamente», aunque no se llegó a las previsiones de la Agencia y se redujo en paralelo la deuda reclamada. Por eso, se recomienda «mejorar» las actuaciones previas a las acciones penales e «incentivar» las investigaciones patrimoniales para «evitar que muchas acciones no lleguen a ejercitarse, que la mayoría concluyan con resoluciones desfavorables y que gran parte de las sentencias favorables no puedan llegar a ejecutarse».
Por último, se apunta que la deuda pendiente de pago creció «de forma constante y continuada» hasta sumar un 9,7% entre 2012 y 2013, alcanzando los 50.174 millones de euros, fundamentalmente porque las nuevas deudas superaban a las que se iban cancelando y, además, son de peor calidad y con mayor riesgo de impago. «De cada tres euros de deuda pendiente se ha ingresado uno», resume el informe.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas recomienda a la Agencia «reforzar" como un objetivo estratégico la contención de la deuda pendiente y el cobro efectivo, y la selección y depuración de deudas muy antiguas –algunas tienen más de 20 años– en situación de paralización, aplazamiento y suspensión, así como incrementar el control sobre la procedencia de esta situación en este tipo de deudas.
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