Consolidación fiscal: lenta, insuficiente y desequilibrada

Desde 2009, año en que el déficit público alcanzó su máximo de la actual crisis al situarse por encima del 11% del PIB, España lleva varios años de consolidación fiscal. Algún mérito hay que reconocer a nuestros gobernantes pero, en mi opinión, es un ajuste demasiado lento, insuficiente y desequilibrado.

Es lento porque ha supuesto que la deuda pública se eleve continua y desaforadamente, desde el 35,5% sobre el PIB de 2007 al 69% a finales de 2011 y a los aledaños del 100% en la actualidad. Tenemos el compromiso de bajar la deuda a no más del 60% del PIB para 2020, aunque esto es imposible como reconoce ya la Autoridad Fiscal Independiente. En cualquier caso, está claro que no podemos seguir aumentándola porque nos exponemos a que cualquier acontecimiento nos lleve a la lona: por ejemplo, una subida de tipos de interés, otra recesión, etc…

Es insuficiente porque todavía no hemos llegado ni siquiera a eliminar el déficit primario (sin contar los intereses de la deuda) a diferencia de países como Italia o incluso Grecia . Y ello después de seis años de lo que algunos llaman, de manera desafortunada, «austericidio». Es importante recordar que sólo cuando haya dejado de haber déficit primario y el PIB nominal crezca más que el tipo de interés medio del stock de deuda empezará a bajar el porcentaje de ésta sobre PIB, que constituye un objetivo irrenunciable.

Y es desequilibrado porque una parte considerable del ajuste se ha basado en el aumento de los ingresos, cuyo mínimo fue del 34,8% del PIB en 2009, y es del 37,5% en 2013 (último dato anual disponible, pero al menos IRPF e IVA han subido su recaudación en 2014) cuando es conocido que las consolidaciones exitosas se caracterizan por recaer principalmente sobre el gasto. Además, lo que más se ha frenado realmente es la inversión pública mientras el gasto corriente sobre PIB es en 2013 el 41,2%, el máximo del pasado reciente. En teoría, una menor inversión supone reducir el crecimiento potencial de la economía, aunque -todo hay que decirlo- en España se han hecho muchas infraestructuras de escaso interés.

Pero lo peor de todo es que, ya desde hace algún tiempo, hemos abandonado absolutamente el ajuste del gasto. En la estela de otros países europeos que pedían más tiempo para reducir sus déficits, también España vio ampliado su calendario de reducción. Y el gobierno lo ha aprovechado para dejar de tomar medidas necesarias pero poco electoralistas. Así, se ha optado por que la consecución de los objetivos de déficit se logre con el mero incremento del PIB, que vaya generando ingresos fiscales crecientes. En 2014 era relativamente sencillo cumplir por varias razones: solo había que pasar del 6,3% al 5,5%, había cambio cíclico (el PIB ya crece), se ha vuelto a dejar consumo público para el primer trimestre 2015, y se ha engordado el denominador por la revisión efectuada en el PIB. Pues tampoco esta vez: nos hemos desviado dos décimas, hasta el 5,7% (sin ayudas bancarias, con ellas 5,8%). Y en 2015 y 2016 los objetivos son bastante más exigentes (2,8% en este último año).

En definitiva, primero se subieron los tipos impositivos para intentar conseguir más ingresos fiscales, tanto con el gobierno anterior como sobre todo con el actual. Y ahora simplemente se espera que el crecimiento económico ensanche las bases imponibles y proporcione nuevos ingresos al Estado (incluso ello da margen para practicar una cierta rebaja de tipos en el IRPF, desde luego muy inferior a las elevaciones previas). Algunos le llaman a esto consolidación fiscal inteligente. Yo, en cambio, creo que es una política presupuestaria electoralista, que no ataca las bolsas de gasto ineficiente que existen y que amplifica los enormes problemas de deuda pública que tiene España. Mientras tanto nos encontramos, por ejemplo, que el Gobierno se ha gastado ya un 37% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en tres años. Es verdad que las cotizaciones han sido insuficientes, pero también que el Estado no puede aportar nada al no haber sido capaz de rebajar otros gastos ni el déficit. Es muy probable que, si no se toman medidas de calado, para 2017 se haya agotado el Fondo.

En definitiva, está claro que España no acaba de resolver su problema de déficit público (y agrava el de deuda pública). Sólo caben dos opciones: más ingresos o menos gastos. Y, en mi opinión, no puede dejarse de lado un significativo ajuste del gasto público corriente improductivo, donde existe un filón como el derivado de la racionalización de las AA.PP. Ya sé que en un año electoral esto es impopular, pero la realidad no entiende de populismos.