Sanciones más duras en un modelo que abre la puerta a la cotización de los autónomos

Gobierno y agentes sociales negocian contra reloj. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene intención de llevar mañana al Consejo de Ministros el proyecto de real decreto que modifica un sistema teñido de fraude y apartará de la gestión de los fondos formativos a empresarios y sindicatos. Pero antes quiere lograr una acuerdo para un nuevo modelo que acabará con la exclusividad que ahora tienen sindicatos y empresarios a la hora de impartir los cursos. El sistema se someterá a la libre concurrencia para poder recuperar dosis de la transparencia perdidas tras el rosario de escándalos y detenciones, especialmente en Andalucía. El proyecto de formación les reserva un papel protagonista en la planificación, programación y difusión de los cursos, según el último decreto al que ha tenido acceso ABC.

El nuevo sistema introduce la libre concurrencia «abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos, como norma general para la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas administraciones públicas». Se introduce la posibilidad de que puedan articular «un cheque formación para trabajadores desempleados con el objeto de proporcionarles la información que necesitan».

La patronal y los sindicatos más representativos formarán parte de las estructuras paritarias sectoriales, que serán las encargadas de decir qué formación se considera prioritaria, cómo se podrá mejorar la gestión, al tiempo que elaborarán una memoria anual de la formación profesional que ha impartido en su ámbito sectorial. El Servicio Público de Empleo Estatal o la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo les podrán encargar estudios para conocer mejor cuáles son las necesidades efectivas de formación y qué actuaciones se requieren para satisfacer las demandas.

Entre las novedades que incluye el nuevo texto que Báñez negocia con los los agentes sociales se abre la posibilidad de que los trabajadores autónomos también tengan «derecho individual a la formación». Además, abre la puerta a que en el futuro los trabajadores por cuenta propia coticen por esta materia, como ya hacen el resto de asalariados, tal y como ha reclamado la principal asociación de autónomos, ATA.

En el documento se asegura que «para garantizar la universalidad y el sostenimiento del sistema, éste se podrá financiar «con cuantas cotizaciones por formación profesional pudieran establecerse» a otros colectivos beneficiarios de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, según se refleja en la norma a la que ha tenido acceso este periódico.

Los fraudes cometidos también llevarán aparejadas duras sanciones. El Gobierno creará incluso una unidad especial dentro de la Inspección para luchar contra los abusos. Las sanciones en el futuro podrán llegar hasta los 187.515 euros y, se prohibirá volver a trabajar para la Administración durante al menos cinco años a entidades y organizaciones adjudicatarias de los planes de formación que hayan incumplido la ley.