Los inspectores de Hacienda piden que se investiguen las filtraciones de la Agencia Tributaria
La organización que representa al colectivo reclama la aprobación «urgente» del Estatuto de la Agencia Tributaria
Los Inspectores de Hacienda (IHE) han rechazado las filtraciones de informaciones y datos surgidos de las actuaciones inspectoras y han pedido que, si se producen, «se deben investigar y, en su caso, sancionar», porque sus funcionarios y autoridades están sometidos al deber de sigilo.
En un comunicado, los inspectores han instado al Ministerio de Hacienda a que implemente el Estatuto Orgánico para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que lleva pendiente desde 1991 y que serviría para garantizar la independencia y objetividad de la agencia y aportaría seguridad y tranquilidad a sus funcionarios.
A su juicio, el estatuto debería recoger la figura de un director general, que debería ser designado por el Parlamento –que asumiría su control último– y cuyo mandato no debería coincidir con las legislaturas.
Asimismo, los inspectores han considerado que en el estatuto debe constar una limitación temporal del tiempo de los cargos directivos y la exigencia de requisitos mínimos a los candidatos para ocupar puestos de confianza.
«No es bueno que ningún inspector de Hacienda que tenga que tomar decisiones que pueden afectar a intereses afines al partido que esté gobernando (...) pueda pensar que su continuidad corra peligro si toma una decisión que sea desfavorable para dichos intereses», han explicado.
«Pernicioso sistema de nombramientos»
Para los inspectores de Hacienda, el problema no está en las personas, sino en el «pernicioso» sistema de organización y nombramientos que existe en la Agencia Tributaria, que «no facilita la independencia ni la tranquilidad de ejercicio a los inspectores que ocupan puestos de responsabilidad».
Esto se debe, han añadido, a que el actual sistema de nombramientos de cargos «peca de una enorme discrecionalidad» y «supone una permanente amenaza de cese».
Además, la designación directa de los máximos responsables de la institución por parte del Gobierno arroja «dudas sobre la vinculación política de los cargos directivos de la Agencia Tributaria », un recelo que «se ve alimentado por la excesiva proliferación de puestos de confianza».
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