Así será la lucha del Gobierno contra el fraude de los contratos temporales
El Ministerio de Empleo quiere desactivar el trabajo ilegal de menores con una iniciativa que podría entrar en vigor en septiembre
El Gobierno quiere reforzar la lucha contra el posible fraude laboral en los contratos temporales. Para ello, va a realizar una modernización de la antigua Ley Ordenadora del Sistema de Inspección, que data de 1997, y ya ha elaborado un informe del anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ayer analizó el Consejo de Ministros.
En esta iniciativa se recogen las medidas que el Ejecutivo va a poner en marcha para aumentar los controles sobre estas posibles irregularidades. Entre otras cuestiones, tiene previsto extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos laborales, de los 964 inspectores de trabajo a los 836 subinspectores. De esta forma, el Ministerio de Empleo redobla esfuerzos y espera un salto exponencial en la transformación de contratos temporales en indefinidos.
Con esta modernización legislativa el Ministerio de Empleo pretende adaptar la ley de 1997 a la nueva realidad del mercado de trabajo, en la que han proliferado nuevas formas de irregularidades relacionadas con la contratación.
Cambios legales
Además, la ley requería pasar de un sistema de colaboración entre las distintas administraciones a otro compartido y de participación, en el que los criterios de inspección sean los mismos en todos los territorios y además tengan voz los agentes sociales.
En este mismo sentido, el Gobierno ya introdujo cambios legales en 2013 para que los trabajadores a tiempo parcial registraran a diario las horas realizadas en jornada y las complementarias. De esta forma, prevé que las empresas cuenten con un registro que incluya esta información, que podrá ser solicitado por un inspector de trabajo para verificar si no se trata de trabajos a tiempo completo encubiertos. Por lo pronto, en 2014 se incrementaron las inspecciones en este ámbito en un 127% respecto al año anterior, hasta las más de 14.400.
Por otro lado, en esa otra vertiente de involucrar en la lucha contra el fraude a nuevos ámbitos, la reforma introduce la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado y otras instancias como la inspección de Sanidad, para que puedan aportar información a la Inspección de Trabajo si cuentan con evidencias de fraude a partir del desempeño ordinario de su actividad.
En esta voluntad de aumentar la participación ciudadana en la lucha contra el empleo irregular, Empleo ya abrió en 2014 el buzón del fraude, para recabar avisos de ciudadanos que alertaban de casos de fraude en el empleo. El resultado ha sido bueno, según Empleo, ya que se ha conseguido realizar 15.200 inspecciones y aflorar unos 3.000 empleos irregulares.
Nueva Inspección de Trabajo
En un plano más administrativo que funcional, de acuerdo con la reforma, la Inspección de Trabajo dejará de ser una dirección general para ser un organismo autónomo con representación de las comunidades autónomas, presidido por la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Además, contará con un Consejo Rector, en el que estarán representadas la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas. Este consejo tendrá entre sus funciones la aprobación de un plan integral de objetivos, que incluirá la estrategia de la inspección, el presupuesto y los recursos personales. Por otro lado, se crearán comisiones operativas con las comunidades autónomas, que aprobarán sus propios planes anuales de objetivos para integrarlos en el plan integral.
Asimismo, se prevé la creación de una oficina nacional de lucha contra el fraude, en la que también estarán representadas las comunidades autónomas, que servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado. Será el «cerebro que configure mapas de fraude y se apoyará en unidades de actuación especializadas. En este organismo se integrará la unidad específica que se dedicará a la lucha contra el fraude en el ámbito de la formación profesional.
Por otro lado, Empleo quiere que los agentes sociales estén presentes en la inspección de trabajo, con lo que integrarán un Consejo General, con funciones de información, audiencia y consulta, que estará coordinado con el Consejo Rector.
Siniestralidad
El informe sobre el anteproyecto de Ley contempla, por otra parte, incrementar los recursos destinados a la inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Para ello, se creará dentro de la Inspección una nueva escala de subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta reforma tendrá un «coste cero», según señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, porque es en su mayor parte «organizativa. Se trata de ser más eficaces». Estos cambios están encaminados a fortalecer la unidad del mercado laboral y a lograr una «actuación más eficaz y uniforme» en el seno de este organismo.
Tras este primer paso por el Consejo de Ministros, el informe será valorado por el Consejo Económico y Social (CES) antes de ser devuelto para su aprobación como anteproyecto de Ley a finales de marzo. La previsión del Gobierno es que su entrada en vigor se produzca en agosto o septiembre.
La Inspección de Trabajo tramitó 102.183 denuncias el pasado año, de las que unas 37.000 se referían a empleos no declarados y otras casi 32.000 a abusos en el trabajo.
Entre las nuevas tipologías de fraude que han ido «in crescendo» en los últimos años y que justifican la reforma de la Inspección, se encuentran la creación de empresas ficticias o la creación de empresas en otros países que operan en España para ahorrar costes.
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