economía
«Vuelva usted mañana», la burocracia sigue instalada en las autonomías
Solo en 2014 editaron 813.256 páginas en sus boletines oficiales, un 1,6% más, mientras que el Estado las redujo un 3%, aunque aprobó 706 normas estatales
La maraña burocrática no logra desenredarse en las autonomías, lo que sigue provocando incertidumbres jurídico-económicas en el tejido empresarial, en especial entre las empresas que no limitan su campo de acción a una sola comunidad autónoma. Sólo en 2014 se aprobaron 706 nuevas normas estatales, casi 170.000 páginas editadas en el BOE, pero más de 800.000 en los boletines autónomicos, un 1,6% más, frente a una caída de casi el 3% en el Estado. La burocracia sigue siendo mastodóntica en España, pese a que las trabas continúan reduciéndose tras aprobar el Gobierno la ley de Unidad de Mercado en 2013, una norma muy reclamada dentro y fuera de España que, según los cálculos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, a razón de 0,15% al año (unos 1.500 millones de euros).
Noticias relacionadas
«Legislar menos y de manera más sencilla, pensando en los empresarios y ciudadanos que deben cumplir las normas». Con este objetivo, el Gobierno y los empresarios suscribieron un convenio en 2008 para acabar con la maraña administrativa, que cuatro años después supuso ahorros de más de 10.000 millones, según se refleja en el informe «Cargas administrativas derivadas de la fragmentación del mercado interior II» elaborado en coordinación entre el Ministerio de Hacienda, CEOE y Cepyme y al que ha tenido acceso ABC.
Sectores con más carga
El acuerdo de 2008 ha tenido continuidad. Una vez cumplido el objetivo marcado por la UE de alcanzar una reducción del 25%del total -30% en el caso de España- de cargas administrativas antes de 2012, la Comisión Europea adoptó, el 2 de octubre de 2013, una comunicación titulada «Adecuación y eficacia de la normativa: resultados y próximas etapas», en la que instaba a continuar con la labor de eliminación o simplificación de cargas administrativas, en particular aquellas que recaen sobre las pymes.
La Comisión detectó que los ámbitos legislativos con más cargas administrativas para los empresarios están relacionados con el IVA, la salud y la seguridad en el trabajo, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y el tratado de residuos, entre otros.
El pasado 27 de junio el Ministerio de Administraciones Públicas, CEOE y Cepyme firmaron un nuevo convenio que dio lugar a 24 propuestas de simplificación correspondientes a cinco ministerios (Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Algunas iniciativas afectan además al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Hay acuerdo para eliminar trabas que afectan al catastro, a la instalación de estaciones radioeléctricas, al transporte por carretera, a la prevención de riesgos laborales y a la instalación de antenas, entre otros, medidas que en su conjunto supondrán un ahorro de casi 800 millones de euros.
«En el plano nacional, no parece lógico que en un área geográfica como España, integrada comercial y monetariamente en otra mayor, la UE, se adopten medidas que puedan desembocar en una fragmentación del mercado interior, lo cual sólo puede dar lugar a desventajas competitivas», asegura el texto al que ha tenido acceso este periódico.
Los empresarios aseguran que «es muy difícil operar en una economía donde, sólo en 2014, se aprobaron 706 nuevas normas estatales. Quizá bastaría con recordar, dicen, los datos relativos al número de instrumentos legislativos aprobados en nuestro país en el periodo 1970-2014: un total de 40.046 normas de ámbito estatal».
En el documento se asegura que en 2014 se editaron 169.874 páginas, un 2,6% menos, y que el 54,7% de esas páginas se concentraron en las secciones I y III, es decir, las destinadas a la publicación de las disposiciones estatales.
Estas cifras aumentan considerablemente si se tienen en cuenta los datos de las comunidades autónomas. El año pasado se publicaron 813.256 páginas en sus respectivos boletines oficiales, lo que supuso un incremento del 1,6%.
Leyes a la carta
En el texto se asegura que tal proliferación normativa tiene consecuencias especialmente preocupantes para el mercado interior español, entre ellas las diferencias de trato normativo que las comunidades autónomas dan a una misma actividad económica, «sometida a unos u otros requisitos según el territorio en la que se desarrolle. Tales distorsiones generan un alto grado de incertidumbre jurídico-económica entre el tejido empresarial, en especial entre las empresas que no limitan su campo de acción al territorio de una comunidad autónoma», explica el informe.
La conclusión a la que llega el documento final sobre las cargas administrativas es que la legislación española es «densa, prolija, y, en no pocos casos, confusa». «Hay muchas cuestiones que pudieran y debieran modificarse para que sea un instrumento de competitividad y productividad. En España existen 17 ordenamientos jurídicos además del estatal (y el local), dando lugar a diferencias importantes en la forma de desarrollar diversas materias y, en ocasiones, a conflictos con normas de aplicación general», apunta.
Añade el texto que «todo ello afecta a la vida cotidiana de la empresa. Una vida que no se limita al ámbito nacional, sino que se encuadra en una realidad superior, conocida como Unión Europea y, especialmente, su mercado único».
