Iberdrola lleva al Tribunal Supremo la financiacióin del bono social

Iberdrola se ha sumado a otras compañías del sector como EDP España, E.ON España y Gas Natural para recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto 968/2014 y llevar el caso ante esta instancia judicial. La norma recurrida desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto del coste del bono social, cuya financiación recae en un 99% sobre las principales compañías eléctricas.

El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las cinco grandes eléctricas de Unesa, y especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir el 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios.