El juez solicita al Santander la identificación de dos empleados por una supuesta irregularidad

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a Banco Santander que identifique a dos empleados de la entidad financiera a los que la Fiscalía atribuye un supuesto delito de estafa por la comercialización fraudulenta de unas obligaciones convertibles en acciones, informaron fuentes jurídicas.

Este paso se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera al magistrado que imputara a ambos empleados, quienes se encargaron de la planificación y supervisión de la operación. Esta consistió en comercializar dichos bonos bajo la denominación «Valores Santander» entre 129.000 clientes en 2007.

Todo ello comenzó en febrero de 2014, cuando 90 clientes de Santander se querellaron contra el banco por la comercialización de tales obligaciones. Los querellantes afirmaron que la entidad se los vendió «como si fueran seguros y con funcionamiento similar a un plazo fijo», cuando estaban ante otro producto: «obligaciones convertibles» que impedían recuperar «el capital invertido».

El juez de la Audiencia Nacional archivó la querella, en contra de lo que consideraba la Fiscalía, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dio la vuelta a la situación y le ordenó al magistrado que la admitiera. Según los magistrados, la entidad financiera podría no haber suministrado de forma conveniente «la oportuna información sobre el producto» a sus clientes.

Los magistrados, en su auto, citaron en concreto a «personas de 76, 80, 82 y 85 años», pues consideran que es descabellado pensar que quisieran especular y no rentabilizar un supuesto producto con una imposición fija. La Fiscalía defiende que existen ciertos indicios de que se cometió un supuesto delito de defraudación con perjudicados de toda España.

Los dos empleados que el magistrado ha solicitado identificar son los responsables de la Unidad de Control-División de Costes y Medios y del Área de Operaciones y Servicios.