Sepes perdió seis millones por recompras de parcelas en la etapa del socialista Saura
Durante 2011, la entidad de suelo adquirió terrenos en la Región de Murcia por 7,8 millones e inyectó 3,1 millones en la Sociedad del Alquiler
La gestión de inmuebles y terrenos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero formó parte de una política que dejó gravemente «tocada» a la Sociedad Estatal Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Tres años después del relevo al frente de la entidad pública se siguen conociendo algunas operaciones que, con el paso de los años, han acarreado un profundo deterioro económico.
En este sentido, por ejemplo, destacan las recompras en el año 2011 por 7,8 millones de euros de parcelas de morosos o de propietarios en Cartagena (Los Camachos Sur Etapa I) que tenían compromisos contraídos con la sociedad pública de suelo y no contaban con capacidad para asumir la deuda, según explican fuentes de la organización a ABC. Estas operaciones se produjeron mientras Pedro Saura (Torre Pacheco, 1962), actualmente diputado en el Congreso y portavoz socialista de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, se encontraba al frente de dicha entidad.
La recompra de terrenos a morosos era una práctica habitual por parte de la anterior administración de Sepes. La posterior venta de estos terrenos en la comunidad autónoma murciana generó un quebranto de más de seis millones para la entidad: finalmente fueron vendidas parcelas pertenecientes a dicho lote por 1,5 millones de euros, lo que apenas representaba un 19% de su importe inicial. Además, durante ese mismo año 2011 la sociedad pública resolvió contratos, devolviendo íntegramente las cantidades entregadas, por valor de 1,57 millones de euros, pese a que los incumplimientos eran imputables a los compradores.
Práctica habitual
Desde la administración anterior de Sepes, consultada por este periódico, se justifica dicha operación con el argumento de que la recompra de terrenos a propietarios morosos era una práctica común en todo el territorio nacional con la que se pretendía «evitar impagos». Para ello, la sociedad pública adquiría estas parcelas a cambio de que el propietario se comprometiera a comprar un terreno de mayores dimensiones o más caro. De lo contrario, el titular de los terrenos debía acarrear con una penalización de un 25%. Además, añaden, si el deudor había comprado varias fincas la penalización se podía extender sobre el conjunto y no únicamente sobre el terreno impagado (por lo que, puntualizan, no «salía un euro público»). Estas fuentes recalcan, asimismo, que el importe de estos terrenos se mantuvo estable desde 2007 (147 euros por metro cuadrado) y que no fue hasta la actualidad, momento en que se formalizó la venta, cuando el precio se redujo de manera sustancial (47 euros por metro cuadrado).
Esta especie de canje de terrenos de menor precio por parcelas de mayores dimensiones o más caras no pareció, sin embargo, tener una repercusión en la cuenta de resultados de la sociedad de suelo. Desde el año 2007 los índices de venta de parcelas por parte de la entidad pública se habían reducido de manera drástica, pasando de los 56,08 millones de euros de hace siete años a los cero euros de 2010 y los apenas 655.169 de 2011.
Operaciones cuestionadas
Durante el último año del Ejecutivo del PSOE la recompra de los terrenos en Cartagena vino acompañada de varios ejemplos de gasto que han sido cuestionados por la administración actual. La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada en el cenit de la burbuja inmobiliaria para promover el mercado del alquiler y participada al 100% por Sepes, dejó un agujero en la sociedad pública de millones de euros, después de varias aportaciones para compensar las pérdidas de 2008 (4,8 millones), junio de 2009 (8,52 millones) y, ya bajo la presidencia de Saura, 3,1 millones en julio de 2011 (mismo mes en que se anunció el anticipo de los comicios generales). Al comprobar la imposibilidad de devolver dicho préstamo, la SPA decidió capitalizarlo, integrándolo en su capital como si fueran fondos propios.
Lo llamativo es que este último préstamo se produce cuando la entidad pública ya se encontraba prácticamente en disolución, a la que ya parecía abocada durante los últimos años de legislatura. Desde el consejo de administración anterior de Sepes se justifica que la inyección de 3,1 millones estaba destinada a cubrir las obligaciones de ejercicios anteriores. Finalmente, la SPA fue suprimida por el actual Gobierno en 2012, después de que acumulara cuantiosas pérdidas y se quedara muy lejos de sus objetivos iniciales, con apenas 4.500 arrendamientos al final de su vida.
