Andalucía multa a la Sareb por «obstruir» su ley antidesahucios
El «banco malo» ve injustificada la sanción de 120.000 euros y anuncia recurso
Ocho meses después de que abriera dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz, dirigida por Elena Cortés, de Izquierda Unida, ha impuesto una multa de 120.000 euros al «banco malo», al que acusa de «obstaculizar las medidas para garantizar la función social» de las viviendas protegidas (VPO) andaluzas en poder de esta entidad. Fomento acusa a la Sareb de incumplir la «ley antidesahucios» autonómica, al no aportar a la administración el inventario de VPO que se encuentran en su balance, lo que califica de «infracción muy grave», y ha desestimado sus alegaciones.
Por su parte, la Sareb anunció ayer que va a recurrir esta sanción por vía administrativa (para lo que tiene un mes de plazo) y replicó que ha entregado la información requerida, aunque fuera de plazo. Así, fuentes de la entidad explicaron que ha habido un retraso en la comunicación a la Junta del listado de VPO porque cuando se le hizo el requerimiento a mediados del 2013, Sareb estaba recién constituida y era «imposible disponer de un inventario completo y fiable». Las fuentes alegan también que el «banco malo» recibió una cartera de casi 200.000 activos.
Tras consultar los registros de la propiedad, la Sareb ha facilitado a la Junta un listado de 98 viviendas protegidas, una cifra que, según informó ayer la Consejería de Fomento, dista mucho de las 911 que estimó en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la «ley antidesahucios» de la Junta. Esta diferencia, dice Fomento, implica que el Gobierno recurrió la ley, que actualmente está parcialmente suspendida, fundamentándose en datos «totalmente falsos». Por este último asunto, Elena Cortés advierte a la Sareb que se expone a otra sanción de 11,7 millones por un segundo expediente, que sigue su curso, en el caso de que estos inmuebles no se pongan a disposición de los registros municipales de demandantes.
