comenzando por políticos y empresarios
Los Inspectores de Hacienda proponen publicar las declaraciones de la renta de todos los contribuyentes
Asimismo, el colectivo denuncia que los casos de corrupción solo se descubren por "meras casualidades o denuncias" y no por investigaciones, por lo que reclama reforzar los órganos de control
La organización de inspectores de Hacienda del Estado ha propuesto esta mañana modificar la Ley de Protección de Datos para hacer públicas las declaraciones de la renta, "especialmente" las de políticos y empresarios. En su XXIV Congreso celebrado este año en Bilbao, la asociación ha recomendado que para salvaguardar el derecho constitucional a la intimidad, "la divulgación de dichos datos se referiría exclusivamente a los de índole numérica recogidos en la liquidación tributaria para evitar la difusión de datos de contenido personal". Es decir, solo se publicarían los impuestos pagados y se evitaría incluir direcciones y datos personales.
"Cuanto más nos vigilan mejor nos comportamos", valoró el presidente de la organización Ransés Pérez Boga citando al pensador utilitarista Jeremy Bentham. El colectivo apuesta por comenzar por publicar las liquidaciones tributarias de políticos y empresarios. El inspector de Hacienda del Estado, Domingo Carbajo, ha recordado el ejemplo de Suecia donde las declaraciones por IRPF son públicas.
"La sociedad española no está aún preparada para este cambio de mentalidad", lamentó Carbajo. A finales de los setenta, el Gobierno de Adolfo Suárez ya aplicó una medida similar que sacó a la luz datos económicos correspondientes a los ejercicios de 1977 y 1978, una práctica que se paralizó, entre otras razones, para evitar que ETA utilizase la información para extorsionar a empresarios.
Coto a la corrupción
La asociación ha reconocido que la detección de casos de corrupción que se dan se debe "a meras casualidades y denuncias" y no por investigaciones. Por ello, ha elaborado 34 propuestas para atacar este tipo de delitos fiscales. Entre las medidas sugeridas figura la constitución de una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que integre a las unidades especializadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria con la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Este organismo sería independiente y solo debería responder ante el Congreso de lo Diputados, que nombraría a su director, como ha explicado Pérez Boga.
Los inspectores de Hacienda también han propuesto crear una policía fiscal que dependiera de la Agencia Tributaria, así como prohibir la financiación pública de partidos políticos, sindicatos y organizaciones profesionales, de forma que solo puedan recibir aportaciones de militantes y simpatizantes. En caso contrario, sugieren al menos aumentar el control del Tribunal de Cuentas y endurecer las consecuencias penales por corrupción.
