CABALLO
Las elecciones a la Federación Andaluza de Hípica se empañan con denuncias de un posible «pucherazo»
El Tribunal Administrativo del Deporte tiene que resolver los recursos presentados contra el censo de clubes por miembros de la candidatura alternativa
El control de la Federación Andaluza de Hípica (FAH) ha abierto una dura pugna entre clubes , jinetes, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros en un deporte que mueve más de 1.500 millones de euros al año. La batalla se dirime en el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, dependiente de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta.
Miembros de una candidatura alternativa a la actual junta directiva han presentado tres recursos en los que impugnan el censo electoral aprobado por la asamblea para renovar los órganos representativos de la federación. Denuncian que se han incorporado a clubes deportivos «fraudulentos» cuya participación puede adulterar el resultado del proceso en favor de los actuales responsables de la FAH.
Las supuestas «irregularidades» que exponen en los escritos a los que ha tenido acceso ABC son diversas. Argumentan que se han incluido a nueve clubes inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) en 2019 –un año antes del proceso– con el objetivo de «alterar el censo electoral» y otros que carecen de instalaciones deportivas, a pesar de que el objeto principal de su fundación es la práctica de la hípica. También tienen derecho a voto entidades que comparten el domicilio y están bajo el mando de miembros de una misma familia .
Uno de los recursos detalla que hay ocho clubes que «deben ser eliminados del censo» porque no figuran en ningún calendario oficial de 2019 . La norma exige haber participado o organizado una competición o actividad oficial durante la temporada anterior a aquella en la que se convocan las elecciones. Otros nueve pertenecen a « clanes familiares con el único fin de controlar el estamento de clubes », cuyos responsables son a su vez miembros de la junta directiva y delegados de la provinciales de la FAH. Menciona, por ejemplo, la familia del delegado de la FAH en Málaga, que controla los clubes El Ranchito , el Centro de Entrenamiento de Amazonas de Competición, que dirige su hermana, y La Serpetina, supervisado por su esposa. Los tres están inscritos en el mismo domicilio de Torremolinos.
La familia del delegado federativo en Jaén, preside el club de enganches de la ciudad y otros dos clubes en manos de su esposa e hija. Esgrime este recurrente que esta forma de proceder aumenta «torticeramente el padrón de los clubes en el período preelectoral» y produce una «alteración» de un 40% del censo electoral , por lo que ha pedido al tribunal que dé parte de los hechos a la Fiscalía por si fueran constitutivos de un delito de fraude electoral.
En otro recurso presentado el pasado 10 de junio ante el tribunal encargado de resolver los litigios deportivos en la comunidad se elevan a 17 los clubes que «comparten el domicilio social y, además, están constituidos por la misma persona o por sus familiares directos ». La segunda causa de posible expulsión es que 33 clubes electores y elegibles no han respetado las exigencias federativas para la celebración de una competición oficial, que obliga a la contratación de un veterinario y de ambulancia , el pago de remuneración de los jueces o la publicación de los resultados de los concursos.
La Comisión Electoral tumbó las reclamaciones
La Comisión Electoral de la FAH desestimó el pasado 8 de junio las reclamaciones presentadas por miembros de la candidatura alternativa que lideran el farmacéutico Tomás Membrado , como presidente, y la empresaria Alicia Caro González , como vicepresidenta. Le acompañan más de 30 figuras de este deporte entre las que destacan Luis Astolfi, jinete que representó a España en cuatro olimpiadas ; José María Martín Japón , que ganó el campeonato de España de Doma Vaquera; Paco López Maeso, que ha sido seleccionador nacional de Raid, o Francisco Castejón , vigente campeón de la Copa del Rey de Raid.
En su resolución, la Comisión Electoral afirma que «no puede entrar a valorar las condiciones en las que se han celebrado las competiciones, pues carece de competencias para ello» y que su papel se limita a «comprobar» si concurren los requisitos establecidos en el artículo 16 de la orden reguladora del proceso electoral. En relación a la vulneración de las normas federativas, señala que la oficialidad del concurso no viene dada por el cumplimento de las mismas «sino por su inclusión en el calendario oficial con la aprobación por parte de la asamblea general de la FAH» y, partiendo de esta premisa, los más de 30 clubes impugnados «han celebrado concursos oficiales».
En cuanto al hecho de que existan clubes presididos por miembros de la misma familia e inscritos en el mismo domicilio, la Comisión Electoral contesta que la citada orden «no contempla supuesto jurídico alguno que determine la pérdida de la condición de elector y/o elegible por el mero hecho de tener algún grado de vinculación, ya sea entre personas físicas y/o jurídicas federadas» . Por ambos motivos la reclamación es rechazada y sus promotores han acudido al Tribunal Administrativo que, ha desestimado su petición para suspender cautelarmente las elecciones, hasta tanto no adopte una resolución definitiva.
El pasado lunes, ABC se puso en contacto con Joaquín Medina, presidente de la FAH desde 2008, que aspirará a un nuevo mandato. Medina ha declinado pronunciarse sobre este asunto porque considera que debe hacerlo el tribunal, que tendrá la última palabra.
Los promotores de la candidatura alternativa, en cambio, aseguran que la resolución de la Comisión Electoral no está suficientemente motivada. A su juicio, «puede y debe, antes de resolver realizar la mínima actividad comprobatoria» sobre el cumplimiento de los requisitos. En cuanto a la existencia de clubes con lazos familiares, matizan que lo que se denuncia es que « tienen todos el mismo domicilio social, el mismo contacto y las mismas instalaciones , cuando existen, ya que hay supuestos en que ni tan siquiera hay». La última palabra la tendrá, en todo caso, el tribunal autonómico.
