Elecciones a la Federación

Villar, imputado por apropiación indebida

Un juez le investiga también por malversación y prevaricación en relación con el desvío de fondos de varias subvenciones

Ángel María Villar EFE

F. ROJO.

No es la primera vez que Ángel María Villar es investigado (la nueva figura jurídica para referirise a los imputados) por un juzgado. De hecho, ya había sido llamado a declarar tras las querellas presentadas por Miguel Ángel Galán –uno de sus oponentes a las elecciones de la Federación– en relación con los casos del retraso de las elecciones y del presunto trato de favor al Recreativo y al Marino. Sin embargo, nunca había estado imputado por apropiación indebida . Un delito especialmente grave si tenemos en cuenta que estamos hablando de 1,2 millones de fondos públicos no justificados de unas subvenciones concedidas por el Gobieron en 2010 para el desarrollo de actividades en distintos países del Tercer Mundo como Haití, Camerún o Perú.

Además de Villar como presidente, también está investigada la propia Federación. En ambos casos, se les imputan, aparte del delito de apropiación indebida, los de malversación y prevaricación .

A finales del pasado mes de enero la RFEF reintegró al CSD 1,5 millones de euros que éste le reclamó en octubre de 2016 de la subvención recibida en 2010 y que no utilizó para lo que fue solicitada. Uno de los destinos de ese dinero era una escuela de fútbol en Haití , para la que había una partida de unos 220.000 euros, que nunca se llegó a construir, después de que este país sufriera un fuerte terremoto.

Un proyecto de educación deportiva en Libia (462.000 euros), un programa de capacitación para gestores de clubes y federaciones en Iberoamérica (254.000 euros) y programas de tecnificación internacional (287.000 euros) son las otras partidas a las que iba dirigida la subvención devuelta.

La RFEF pidió «disculpas ante los posibles daños causados» por el denominado «caso Haití» el pasado 23 de enero y aseguró ser «la primera interesada en aclarar los hechos, como lo demuestra su total colaboración, desde el primer momento, con el Consejo Superior de Deportes y la Justicia», según señaló en un comunicado. «Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de posibles anomalías en la justificación de la subvención pública concedida por el CSD en el año 2010 para el fomento de políticas transversales, a instancias de la Junta Directiva y de su presidente, esta Federación inició el pasado mes de noviembre de 2016 una investigación interna al objeto de conocer de una manera fehaciente lo acontecido», señaló entonces.

La RFEF señaló que ha dado traslado al CSD «del estado de la citada investigación y de las irregularidades detectadas hasta la fecha», igual que «ha comunicado al juzgado número 4 de Majadahonda, que fue el tribunal receptor de la denuncia, la predisposición absoluta de la RFEF a colaborar en cuanto considere necesario, informándole acerca del estado actual de la referida investigación interna».

«En enero de 2017, la RFEF devolvió al CSD el importe total de la subvención, con sus correspondientes intereses», añadió ésta, que precisó que «se encuentra a la espera de conocer los resultados definitivos de la investigación para poder tomar las medidas correspondientes». La decisión del juzgado de investigar este caso se produce en pleno proceso electoral a la presidencia de la RFEF, cuyas elecciones están previstas para el próximo 22 de mayo , y es fruto de la tercera denuncia presentada por Miguel Galán.

Éste ya vio rechazada en enero la querella que interpuso contra Villar por un « presunto delito de prevaricación por dilatar injustificadamente» las citadas elecciones , que debían haberse celebrado en el año 2016.

La otra denuncia de Galán, por posible trato de favor (económico) de la RFEF a los clubes Recreativo y Marino de Tenerife en anteriores temporadas, llevó a Ángel Villar a declarar en el juzgado el pasado 23 de enero . Tras su declaración el juez decidió investigar también al exsecretario general de la RFEF y aspirante ahora a la presidencia, Jorge Pérez, así como a Marcelino Maté, presidente de la Comisión de clubes de Segunda B, que declararon la semana pasada.

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