ProLiga impugna ante el CSD la modificación efectuada por la RFEF en su Reglamento General

ProLiga ha anunciado la impugnación ante el CSD de las modificaciones que la RFEF, como ha infomado ABC, ha aprobado en su Reglamento General al entender que estos cambios «atentan gravemente contra derechos constitucionalmente reconocidos de los Clubes». El este sentido, la organización presidida por David Jiménez acusa a la RFEF de arrogarse competencias que no tiene reconocidas en la Ley del Deporte .

La Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF celebrada este lunes sin la presencia del presidente Rubiales aprobó varias modificaciones y añadidos al Reglamento General , así como en el Código Disciplinari o, que están a falta de la ratificación del CSD, para adaptarlo a las competiciones de ámbito estatal de carácter no profesional ( Primera y Segunda RFEF ), estableciéndose los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los clubes para participar en ellas. Además se dio luz verde a los criterios a los que se acudirá en el caso de que sea necesario ocupar plazas vacantes.

Según ProLiga , estas modificaciones, «confrontarían con derechos constitucionalmente reconocidos como la libertad de asociación y la libertad de empresa, quedando perjudicados, gravemente, los derechos e intereses de los clubes y su capacidad de rentabilización económica». Por ello, esta asociación, que representa a más de 240 entidades, ha impugnado esta modificación del Reglamento General, «al entender que difícilmente la RFEF puede erigirse como representante de los clubes en negociaciones colectivas, existiendo un claro conflicto de intereses, al no estar la RFEF integrada únicamente por los Clubes, sino, entre otros, por deportistas, técnicos, jueces, árbitros, etcétera».

«Además, la Ley del Deporte no señala entre las funciones de la RFEF la representación de los Clubes de fútbol y la defensa de sus intereses de forma colectiva o individual. De esta forma se estaría extralimitando en sus funciones y la RFEF podría estar actuando como una organización empresarial “encubierta”», asegura ProLiga en un comunicado.

En su tecto, ProLiga explica que «tampoco puede aceptar que, con estas modificaciones, se imponga como requisito para la participación en la competición la obligatoriedad de comunicar acuerdos, pactos, convenios o contratos de cualquier naturaleza celebrados entre Clubes, excluyendo en este caso los acuerdos de filialidad o transferencias y cesiones de futbolistas. Algo que podría ir en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales».