- El nombramiento de Ricardo Esteban Díaz Sánchez como Instructor es ilegal y vulnera los artículos 405 y 406 del Código Penal. El artículo 4.1 del Reglamento para el Funcionamiento de los Órganos Disciplinarios de la RFEF obliga a que los nombramientos de Jueces los realice el Presidente de la RFEF "por temporada". Ricardo Esteban Díaz Sánchez no fue nombrado por temporada, sino que fue nombrado Juez Instructor de la RFEF el mismo día que se le asigna el caso contra el CF Fuenlabrada. No consta que tenga ninguna experiencia y el caso 562 de la temporada 2019/2020 es - casualmente- el primer caso de su nula carrera en el sector del derecho deportivo. Se trata por tanto de un nombramiento ad hoc ilegal que ya se ha puesto en conocimiento de los juzgados de instrucción penal y del CSD.
- Un perito independiente ha acreditado en una probabilidad de 5 sobre 5 que Ricardo Esteban Díaz Sánchez no escribe las providencias que firma, sino que el autor real de las mismas es el Vicesecretario General de la RFEF, Miguel García Caba. Por lo tanto el auténtico instructor no es un Juez independiente, sino un miembro de la cúpula federativa de la máxima confianza de Luis Rubiales y Andreu Camps.
- El procedimiento disciplinario está plagado de infracciones procesales: entre otros, tomas de declaración sin asistencia letrada; incumplimiemto de plazos; falta de práctica de prueba de forma arbitraria y falsedad manifiesta obviando prueba aportada.
- Las acciones que están realizando un grupo directivos de la RFEF instrumentalizando a los órganos disciplinarios de la RFEF con el objetivo de descender administrativamente al CF Fuenlabrada de forma ilegal, son ademas un delito de intento de alteración de la competición contemplado en el 286.bis.4 del Código Penal.
- El CF Fuenlabrada SAD ya ha denunciado estos y otros hechos ante los Juzgados de Instrucción Penal y ante el Consejo Superior de Deportes, y llegará hasta las últimas consecuencias para probar y desmontar este turbio plan criminal del que ya obra prueba concluyente.
Queremos por último transmitir nuestra total tranquilidad. El Comite de Competición no estimó que existiese conducta si quiera para la pérdida provisional de tres puntos, por lo que es técnicamente imposible que considere que se pudiese llegar a la locura absoluta de un descenso administrativo. Vivimos en un Estado de Derecho en el que las autoridades públicas que abusan de su poder de forma ilítica se encuentran frente a tipos específicos del Código Penal.
Ha quedado probado que este Club ha actuado en todo momento con transparencia y bajo las indicaciones minuto a minuto de LaLiga, órgano con la función pública delegada para desarrollar protocolos sanitarios en el fútbol profesional, los cuales por cierto son mil veces más exhaustivos que los protocolos sanitarios de la RFEF, que son inexistentes.
Cualquier intento absurdo de sanciones de tamaña gravedad es de una atrocidad de dimensiones históricas y no va a quedar impune. Decenas de familias y puestos de trabajo dependen de un Club que está haciendo un arduo trabajo cuyos resultados sobre el césped hablan por sí solos. No vamos a aceptar que se ponga en riesgo a trabajadores y sus familias por los intereses ilícitos de unas autoridades corrompidas.Como no vamos a aceptar que se manche el nombre de nuestra ciudad y se atropelle a todos nuestros aficionados.
