Clubes de Segunda B y Tercera amenazan con un alud de demandas

A Luis Rubiales le espera un final de mandato bastante movido. La decisión de la RFEF de cancelar el fútbol no profesional, anular los descensos y decidir los ascensos a través de un playoff exprés (eliminatorias a partido único en una sola sede) le auguran un futuro inmediato rodeado de jueces y abogados. El presidente de la Federación ha obviado todas las ideas alternativas que recibió de los equipos de Segunda B y Tercera división . Hubo clubes que propusieron ampliar el número de participantes en los playoffs, otros reclamaron jugar lo que resta de temporada cuando fuera posible, algunos pidieron que la campaña se declarara nula e incluso se llegó a solicitar la creación de u na categoría profesional intermedia entre la Segunda y la Segunda división B , que finalmente sí quiere crearse, pero para la 2021-22. Varios clubes, muy molestos, amenazan con un alud de demandas al sentirse perjudicados, sobre todos aquellos que optaban a las plazas que daban acceso a subir de categoría y que han visto invalidados todos los méritos realizados hasta ahora.

L leida, Córdoba, San Fernando, Badajoz o Linares son algunos de los clubes que han manifestado públicamente su desacuerdo con la RFEF. El club catalán es uno de los más beligerantes y ayer mismo presentó una instancia ante la Federación y el CSD en la que pone de manifiesto su íntegra adhesión al protocolo básico de actuación emitido por el organismo gubernamental, al tiempo que ha adjuntado una planificación para la reapertura al público con base jurídica, médica y técnica, en seguridad integral. «No aceptamos un cambio de formato . O jugamos todos o no juega ninguno, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan. ¿Por qué pueden jugar los cuatro primeros y el resto no? El Lleida ha seguido todas las medidas de seguridad y nos estamos preparando para el futuro , no solo para ahora. La Federación ha tomado unas decisiones unilaterales y es un problema, por lo que nosotros pensamos tomar las medidas jurídicas oportunas y llegaremos hasta el final», explica el presidente del Lleida, Albert Esteve , a ABC tras asegurar que el club ha conseguido todos los test necesarios para explicar la seguridad de sus trabajadores.

También el Córdoba es partidario de valorar la posibilidad de demandar a la Federación . «Una vez que la RFEF traslade a los clubes los fundamentos jurídicos de su propuesta, lo cual aún no ha hecho, se analizarán en profundidad los mismos en defensa de los derechos de nuestro club», explica la entidad andaluza en un comunicado. El Córdoba (quinto clasificado del Grupo IVde Segunda B), abogaba por «dar por terminada la competición regular» y respaldar «la suspensión de los descensos». No obstante, reclamaba « un mecanismo que incluya a los ocho primeros » de cada grupo, tildando de «agravio» cualquier otra opción.

Menos beligerante, pero igual de molesto, se muestra el Linares, de Tercera división, que no descarta acudir también a los juzgados. « Respetaremos la decisión pero no la compartimos . Vamos primeros de grupo a 18 puntos del segundo y, con el sistema que propone, la Federación no nos otorga ningún beneficio. Nos lo jugamos todo en 90 minutos, sin opciones de repesca y tras dos meses sin jugar. Este sistema beneficia más a los que van segundos, terceros o cuartos», explica Juan Arsenal, técnico del equipo jienense , que está a a espera de la posible decisión jurídica que tome su club.

La Federación se ampara en la decisión del CSD , que este pasado martes dio potestad al organismo futbolístico para resolver las competiciones no profesionales. Tanto Irene Lozano, presidente de la entidad dependiente del Gobierno, como sus servicios jurídicos otorgaron plenas competencias a Rubiales, que se siente plenamente legitimado para decir quién sube a Segunda y a Segunda B. « Cualquier club puede ir a la justicia ordinaria , que es donde se resolvería este contencioso y solicitar la suspensión cautelar, pero si el juez la otorga se perjudica a la competición del siguiente año. Además, no hay normas escritas ni precedentes », explica Jacinto Vicente, abogado especialista en derecho deportivo, que recuerda el caso del Obradoiro , que tuvo que ser readmitido en la ACB tras un contencioso de casi 20 años.

Más conformista se muestra J on Larrea, presidente del Amorebieta (sexto en el Grupo II de Segunda B) que considera que «tenemos que asumir y aceptar que estamos ante una situación excepcional, y por mucho que nos duela debemos aceptar los daños colaterales por un bien común».