Dopaje
El enfermero de Cádiz que vendía EPO con dinero público
Falseaba los datos en los pedidos de los pacientes de la clínica y se quedaba con los excedentes de la eritropoyetina
Identifican a 250 deportistas en el mayor golpe en España contra el tráfico de EPO
La principal novedad de la operación Hipoxianet consiste en que los 850 viales de EPO eran de curso legal y con el dinero de todos los españoles, eritropoyetina que se sustraía de un hospital público y una clínica de diálisis para introducirlo en el dopaje deportivo. No se trata de aprehensiones de EPO procedentes de China, India o Australia que terminaban en España a través del conducto habitual de compra por internet. Al contrario. Salían desde los dispensarios de un hospital público en Cádiz, medicamentos financiados cien por cien con el Sistema de Salud de Andalucía.
Según ha conocido ABC, el procedimiento de salida de la EPO de curso legal era sencillo, algo así como la multiplicación de los panes y los peces. Un enfermero, detenido por los agentes del orden, con cobertura para desempeñar funciones relacionadas con este medicamento, realizaba un pedido por el doble de lo necesario a cuenta del hospital. Si necesitaba 20 viales de EPO, el susodicho profesional solicitaba 40. Veinte para el centro hospitalario y veinte para la distribución en la red de dopaje en la que estaban inmersas más personas. No le costaba y lo enviaba a sus compradores deportistas en el mercado negro. Un ciudadano serbio-húngaro con pasaporte esloveno que vivía en Barcelona era el jefe de la organización, según la documentación abierta por el Juzgado número 4 de Cádiz.
« Es una vergüenza que alguien se valga del dinero público para enriquecerse ilegalmente. Estamos hablando de una estafa pública», analiza José Luis Terreros, director de la Agencia Antidopaje Española (AEPSAD).
El procedimiento del enfermero gaditano es la clave. Realizaba el pedido de EPO multiplicado por dos. Falseaba los datos necesarios para la realización de los pedidos en las fichas de los pacientes de la clínica y se quedaba con los excedentes.
Según los investigadores, el enfermero que trabajaba en Cádiz se valía de las grietas del Estado y de los controles sanitarios en la Junta de Andalucía para efectuar los pedidos sin levantar sospechas. Fuentes consultadas por ABC consideran que el sanitario ha podido estar sustrayendo medicamentos de manera ilegal durante al menos diez años.
La AEPSAD se ha personado en la causa abierta como acusación particular.
