Cinco ideas esenciales para la política cultural en España

Si la cultura nos salva será porque aún puede mitigar algunos de los principales problemas de las sociedades desarrolladas: las violencias, la falta de integración, el impacto negativo de la tecnología en la educación, la escasez de espacios simbólicos para compartir, la intolerancia del pesimismo y la polarización…

En el caso de España hay una dimensión económica medida: las industrias culturales producen algo más del 3,4% del Producto Interior Bruto español y hay unos 700.000 puestos de trabajo directos, más otros 235.000 indirectos, que genera este tejido. Es, además, el sector en el que cabe un crecimiento claro, siempre que la política acompañe a las industrias creativas con decisión y medios.

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Según las últimas cifras disponibles, de 2022, tras la pandemia se recuperó el turismo con un creciente componente cultural. Un 12,4% de los españoles y un 17% de los extranjeros que viajaron por España confesaron que asuntos relacionados con la cultura eran la primera motivación del viaje. La mitad de todos los extranjeros que viajaron a España acabaron asistiendo a algún evento o institución de carácter cultural, un 46,4%. El impacto indirecto de los gastos que genera y su relación con el turismo es difícil de calcular con exactitud, pero cobra dimensiones aún mayores dentro del PIB. La cultura merece una reconsideración.

La primera base de la política cultural debe ser el español, idioma hablado por 600 millones de personas en el mundo, 496 como lengua materna. España debe reivindicar su papel de puente entre Europa e Iberoamérica y su condición de base de la industria editorial de habla hispana. Esa posición podría perderse muy pronto sin una política que tenga en cuenta su importancia estratégica, habida cuenta de que sólo uno de cada diez hablantes del castellano vive en España y el ámbito idiomático es vital para las acciones y las industrias culturales.

Será necesaria una acción sistemática, combinando el seguimiento y apoyo a la internacionalización de proyectos, autores, producciones escénicas, filmes, incluyendo la animación digital y el videojuego, en pleno crecimiento. Falta coordinar canales para dar coherencia a esa política. El español debe ser el valor básico de las acciones, que incluirán el apoyo a las creaciones en cualquiera de las lenguas del Estado.

En las letras vemos el ejemplo paradójico de Francia, que ha logrado dos premios Nobel en la última década y el español ninguno desde Vargas Llosa (2010). La cultura francesa ha sido hasta ahora respetada como una política de Estado, no de partidos, y su acción de lobby ha logrado el ascenso de una nueva generación de escritores que puja desde hace años por los grandes premios internacionales. Otros países como Corea han puesto en marcha políticas muy intensivas que están dando a conocer su cultura, cine y literatura en el mundo.

Incluso las políticas llevadas por instituciones como el Instituto Ramón Llull, dependiente de la Generalitat de Cataluña, son mejores que las del Gobierno central. Punto positivo, España se presentó con ambición en la Feria del Libro de Fráncfort, pero más allá del alarde puntual la política se desinfla. Nadie entiende bien esta ausencia de líneas estratégicas e inversión en medios para apoyar las traducciones que darán a conocer a nuestros mejores autores internacionalmente. ¿Hay alguien pensando en cómo llegar a la Academia sueca o a los premios internacionales como el Booker con nuestros autores? No.

Es palmaria la falta de becas y residencias para la creación, tanto literaria como de otros ámbitos. Existen algunos casos, como la Academia de España en Roma, pero unas decenas de plazas son insuficientes y la hirviente actividad literaria merece un trabajo más intenso para apoyar esas creaciones. Desde planes de lectura (ambiciosos) a las citadas ayudas. En general, deberíamos entender la literatura (y la cultura) en español como propia, tanto la que escriben autores latinoamericanos como peninsulares. Ser reconocibles por ese ámbito redundaría en la imagen internacional de España. El caso del ensayo y la filosofía son, a este respecto, sangrantes, puesto que la falta de traducción de la literatura conceptual y científica deja a España en un lugar indigno de la importancia de su cultura.

Parece mentira, por demás, que el Perte de la Lengua (1.100 millones) esté siendo tan mal gestionado en observatorios y bases de datos redundantes. Nunca hubo tantos medios a disposición del español y su gestión no va a dejar mucha huella en el futuro. Por regla general, nos conformamos con las modestas actividades del Instituto Cervantes en los diversos países, muy apreciables pero no suficientes. De hecho, es en Madrid donde, inexplicablemente, mantiene la parte más visible de sus actividades.

El Cervantes, desde luego, debe ser revisado a fondo porque fue creado en un entorno muy diferente al actual y ya no está a la altura del desafío en estos momentos, también porque tristemente ha perdido la neutralidad institucional, bajo la dirección de Luis García Montero, un escritor que dedica sus artículos en prensa a pedir el voto para la coalición de Gobierno y denostar a la oposición, sin percatarse del perjuicio que causa a la institución que representa, que debería estar por encima de partidos e ideologías. Si fuera un hombre de derechas criticando a la izquierda, habría que denunciarlo igualmente. ¿Verdad?

¿De qué vive la cultura? De los derechos de autor, que ahora están en entredicho por las tecnologías disruptivas, como la Inteligencia Artificial. La cultura española global está bajo esta tormenta perfecta de la revolución digital. Las políticas nacionales y locales sucumbirán ante este desafío que, en palabras de un experto, surge porque la legislación va por detrás no solo de los avances tecnológicos asociados a la IA, sino también porque media docena de compañías concentran ya la explotación de contenidos y las plataformas.

Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple, Alibaba… basan sus avances en bases de datos protegidas con derechos de propiedad intelectual que no se han respetado. Los grandes problemas de las entidades de gestión van a ser con las plataformas, mucho más que con los usuarios. La lucha contra la piratería ha dado algunos frutos: el usuario sabe que si no paga la calidad es menor. Aun así, hay sectores, la prensa entre ellos, cuya piratería se mantiene incluso en redes y eso está sangrando los recursos.

Seguramente, el nuevo ministerio debería tener una dirección general para contenidos digitales que incluya todo lo de su ámbito. Hasta ahora, la digitalización ha sido una coda o un capítulo de música, cine, danza, libros… Cuando es la madre del cordero. En todo el proceso de digitalización apoyado con fondos de la UE, los contenidos han sido tratados de forma secundaria. Y encima se ha quedado en nada la Oficina Española de Propiedad Intelectual, que el nuevo Gobierno deberá poner en pie desde cero. De no corregirse con rapidez, todo ello va a dejar un ecosistema cultural desértico. Desde la creación de imágenes al doblaje, pasando por las bandas sonoras, todo puede hacerse con IA, y no paga derechos. La trazabilidad de las bases de datos es imperativa.

Su desarrollo necesita despegarse de algunas inercias del siglo XX. La irrupción del videojuego como industria cultural que más factura en el mundo cambia el panorama. La animación ha disparado nuestro cine hacia los mejores premios y contenidos. Las fuentes de financiación han sido diezmadas por la ley Audiovisual que ha desprotegido al productor independiente al entender que las televisiones lo son. Hay que revertir esta situación y dotar de mecanismos de financiación suficientes.

La experiencia del programa CREA/SGR debe tenerse en cuenta también en la política de ayudas. No tiene sentido que el dinero público se destine a proyectos comerciales que ya gozan de rebajas fiscales. Ni tiene sentido otorgar ayudas a proyectos que no tengan un plan de negocio bien estructurado. El cine es industria que merece protección pero sus proyectos culturales también necesitan un control de calidad industrial.

Falta una ley que actualice este ámbito vital para España, uno de los países con más patrimonio mundial a su cargo, pero también con mayor necesidad de concienciación y participación en la sociedad civil. Una verdadera ley de Mecenazgo es urgente para atraer recursos privados a la cultura. El patrimonio ayuda a crear las bases de la convivencia. Hay numerosos patrimonios, grandes y pequeños, que sólo están blindados teóricamente. Desde artesanías que están perdiéndose a la historia de nuestro cine.

Qué decir de la arqueología subacuática, donde casi todo está por hacer. Un proyecto científico internacional sobre un navío de Indias, de Trafalgar o de Lepanto, pondría sobre el tablero la mejor historia de España y ayudaría a espantar los fantasmas: ni leyenda rosa 'franquista', ni leyenda negra poscolonial. La nación que inventó la navegación oceánica le debe al mundo la puesta en valor de ese patrimonio.

El Estatuto del Artista ha quedado a medias, cuando debía estar desarrollado. Es el fruto de uno de los últimos consensos en la última legislatura de Rajoy. Deben completarse medidas que afectan a varios ministerios. En general, el apoyo a los creadores debe ser una línea esencial de la política. Que haya buenas películas, libros, producciones escénicas, músicas y danza es el primer deber del Ministerio de Cultura. Y deben lanzarse a girar por toda la nación y por el mundo.

Capítulo especial merece por ello el Inaem, un organismo esclerótico que no permite ni las giras de compañías públicas ni su participación en festivales internacionales. Queda mucho por hacer.