La cuota del 6% en lenguas cooficiales no afectará a Netflix, HBO o Amazon, pero sí a Movistar, Filmin y FlixOlé
ERC amenaza con tumbar la ley y los PGE pero el Gobierno dice que estaba pactado
El Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que el Gobierno ha remitido al Congreso excluye la obligación de cumplir la cuota del 6 por ciento de contenidos en las lenguas cooficiales a plataformas internacionales como Netflix, HBO, Amazon o Disney+, pese a que esta era una de las condiciones exigidas por ERC para dar su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado. La ley audiovisual que llevó este martes al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aplica el principio de país de origen que establece la directiva europea que se adapta y la obligación de disponer de una cuota en catalán, euskera o gallego se aplicará a las plataformas radicadas en España. Esto es, a Filmin, FlixOlé, Movistar+, Mitele (Mediaset) o Atresplayer (Antena 3).
Esta cuota fue una de las exigencias de última hora que ERC puso sobre la mesa para aprobar los Presupuestos del próximo ejercicio, y de hecho su portavoz en la Cámara lo vendió como un éxito. Fuentes del Gobierno subrayaron ayer que lo acordado con los independentistas es lo que el Consejo de Ministros ha remitido al Congreso y así va a permanecer durante su tramitación. Desde el sector audiovisual habían venido advirtiendo de que la normativa europea no podía obligar a Netflix y el resto de plataformas internacionales a cubrir esta cuota.
Pero tras la repercusión mediática del texto ya aprobado por el Gobierno en ERC empezaron a ponerse nerviosos. Por la mañana aseguraba que conocía el texto que iba a aprobar el Consejo de Ministros y afirmaba que habría que introducir enmiendas para «corregir» los defectos. Según dijo, el pacto al que llegó con el Gobierno es «un acuerdo de mínimos» y el texto debe mejorarse. Pero por la tarde convocó una rueda de prensa de urgencia para dar un giro de 180 grados. «Hemos estudiado y hemos escuchado las informaciones», justificó, después de lanzar su amenaza: si la cuota no afecta a las grandes plataformas, no solo ERC se borrará de la ley audiovisual, sino que además podrían estar en riesgo los Presupuestos y la estabilidad de la legislatura. «Si es cierta la información surgida, ERC no apoyaría esta ley. Todos los escenarios están abiertos; también el Senado en cuanto a los Presupuestos se refiere», apuntó Rufián por la tarde. Desde el Gobierno se habían justificado en que la reforma es el resultado de trasponer una directiva europea que impide que se aplique la legislación nacional a las plataformas internacionales.
«Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición deberán reservar un 30 por ciento de su catálogo a obras europeas. La mitad (15 por ciento) deberán ser obras en lenguas oficiales en España y, de esa subcuota, el 40 por ciento deberán ser obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas», dispone finalmente el proyecto de ley en su redacción. En el caso de la televisión convencional, se obliga a los prestadores del servicio a reservar el 51 por ciento del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. De ese porcentaje, el 50 por ciento debe ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades. Y de esta subcuota, RTVE tiene que emitir un mínimo del 15 por ciento en alguna de las lenguas oficiales de las regiones.
Según Calviño, el Gobierno ha logrado un «equilibrio» entre las necesidades de todos los implicados, que incluye unos principios generales de actuación aplicables a los operadores de televisión tradicionales y también a las plataformas de intercambio de vídeos. La ley audiovisual vigente, de 2010, establece obligaciones casi exclusivamente para la TDT en abierto. Fuentes de ERC explican que aún se puede modificar esto vía enmiendas parciales, pero avisan de que quieren un compromiso público y notorio del PSOE para apoyar los PGE en el Senado. Rufián, de momento, ha exigido a los socialistas una reunión urgente para tratar la cuestión directamente con el Gobierno. El portavoz republicano reprocha al Ejecutivo, además, que no se conozca aún el texto íntegro de su proyecto de ley, aprobado ayer en el Consejo de Ministros. «Nos da lo mismo dónde estén las empresas... o esta ley protege la producción en catalán, o ERC no la apoyará», dijo. Y terminó con una clara amenaza al Gobierno de Pedro Sánchez: «Tocar las narices a ERC con esto es un mal negocio».
Noticias relacionadas
