«Debería haberse elaborado un informe de daños del caso Odyssey para el juzgado»
Joan Carles Alay, experto en el estudio de intervenciones arqueológicas ilegales, cree que este tipo de dictamen «es esencial para conocer no solo el valor económico 'material' sino también el verdadero alcance del expolio»
«Sí», responde Joan Carles Alay con rotundidad cuando se le pregunta si la misión a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes debía haber producido un informe de daños para el juzgado que investigaba el caso Odyssey . Para el secretario general de la Sociedad Catalana de Arqueología y uno de los mayores expertos en el estudio de las intervenciones arqueológicas ilegales, no cabe duda de que « debería haberse elaborado y diligenciado ese informe ».
« Es esencial para conocer no solo el valor económico "material" sino también el verdadero alcance del expolio . La argumentación de los expertos, contenida en dicho informe, debe ser conocida por el tribunal y, de este modo, tener un conocimiento mucho más preciso de los hechos y sus consecuencias», explica este investigador, que asesora a los cuerpos policiales y ha intervenido en multitud de juicios en calidad de experto.
El Ministerio de Cultura no incorporó al sumario el informe preceptivo. Según aseguró a ABC Iván Negueruela, director de las misiones arqueológicas que comprobaron el lugar del expolio en 2015, 2016 y 2017, nunca le pidieron dicho dictamen . «Jamás he recibido ninguna comunicación para un informe como ese ni nada que se le parezca», remarcó el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena.
Para Alay, «hechos como la ausencia del mentado informe o la misma resolución (en un caso de más que evidente expolio) son indicios de que el proceso podría haberse llevado mucho mejor ». La Audiencia Provincial de Cádiz ha acabado cerrando en firme la causa que seguía el Juzgado de Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción contra los cazatesoros de Odysset en España porque los delitos de hurto, contrabando y daños al patrimonio que se imputaban a esa compañía y a sus administradores de 2007 han prescrito.
Este investigador del Seminario de Estudios e Investigación Prehistóricas (SERP) de la Universidad de Barcelona cree que aún «hay mucho camino a recorrer» sobre este tipo de informes de daños. Precisamente esta semana ha participado junto a otros 17 expertos en un 'Seminario sobre teoría y práctica de la valoración de los bienes arqueológicos' organizado en la Universidad Complutense de Madrid por la profesora de Derecho Administrativo Ana Yáñez y el arqueólogo Ignacio Rodríguez Temiño, autores del libro '¿Cuánto valen los platos rotos? Teoría y práctica de la valoración de bienes arqueológicos'. « El objetivo es llegar a elaborar un método de valoración con el máximo acuerdo », explica Alay, que ha diseñado el método Burriac para valorar los daños de un expolio y acaba de publicar un manual sobre arqueofurtivismo y los protocolos para la persecución policial y judicial de las intervenciones arqueológicas ilegales.
Sanciones desproporcionadas con el daño
En su estudio, propone nuevos términos para definir las prácticas de los conocidos en España como 'furtivos', 'clandestinos' o más comúnmente ' piteros ', por el pitido que emiten los detectores de metales, o 'toperos' por los agujeros que dejan a su paso, como los topos, expoliadores que él ha bautizado como ' arqueofurtivos '.
«No hacen prospecciones sino exploraciones, ni tampoco excavaciones sino remociones» , aclara, porque no cuentan con el permiso de excavación pertinente ni las realizan con rigor científico. Ya sea en la superficie terrestre como en el subsuelo o el medio subacuático, su actividad «implica la pérdida y/o destrucción, total o parcial, de estos bienes así como la alteración de su contexto y/o la afectación de todos o alguno de sus valores (integridad, antigüedad, singularidad...)», explica.
Sin embargo, salvo que sean pillados in fraganti, las sanciones o penas a los 'arqueofurtivos' suelen ser «totalmente desproporcionadas» a los daños que causan al patrimonio. «Puede haber incluso impunidad porque no se recogen indicios como se deben y luego las pruebas no son aceptadas en un juicio o también por una falta de conocimiento de cómo valorar económicamente los daños», explica. Si de lo perdido solo se indica que tenía un valor incalculable y no es posible determinar el yacimiento de procedencia de las piezas, los casos acaban siendo en muchas ocasiones desestimados o archivados.
Alay propone investigar estos hechos aplicando métodos criminalísticos de recogida y análisis de indicios en los yacimientos, con protocolos policiales especiales. « Los arqueofurtivos también son seriales , reiteran en su actividad», explica Alay, que en su manual establece una completa tipología de buscadores y traficantes de piezas arqueológicas , con los perfiles de cada uno de ellos. También cree necesario elaborar pautas de actuación para los arqueólogos que tengan que verse ante una intervención ilegal en el yacimiento donde trabajan, para agilizar e incrementar la eficacia policial.
«Hay mucho más expolio del que reflejan las estadísticas» , asegura este experto, pese a que cada vez se denuncian más casos. Alay suele advertir en los cursos que imparte a las fuerzas de seguridad de que «el arma de destrucción de un arqueofurtivo no es un detector de metales» , pese a que resulte más fácil identificarlos con ellos, sino la azada o la pala que emplean después. «Hay arqueofurtivos que nunca han utilizado un aparato detector de metales y no se pueden obviar».
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