Así se destruyó el palacio romano de Córdoba para construir el AVE: «Era inmenso, enorme y único»
Hace 30 años, las obras demolieron alrededor del 60 por ciento del yacimiento de Cercadilla. Los expertos lo consideran «el pecado original de la arqueología andaluza»
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Cuando las excavadoras entraron en mayo de 1991 en la zona de Cercadilla, en Córdoba, para construir la estación del AVE, se toparon con unas ruinas con las que nadie contaba. Durante el fin de semana, continuaron su labor, destruyendo parte del patrimonio que acababan de descubrir. Para detenerlas, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Córdoba tomó fotografías y presentó una denuncia a la Policía. Su objetivo era frenar las obras, excavar el yacimiento y documentar su contenido. «Desde el principio –recuerda la arqueóloga Camino Fuertes, que trabajó en las excavaciones y es experta en Cercadilla–, supimos que lo que estábamos encontrando era inmenso, enorme y único. Había anillos, monedas, lápidas y letras de bronce, bañadas en oro, que seguramente decían quién había hecho el edificio y qué era, aunque nos falta la inscripción a la que iban acopladas».
Durante una conversación con la también arqueóloga Ana Zamorano, Fuertes recordó el pasado martes cómo se destruyó el palacio romano de Córdoba. Aunque las ruinas pudieron excavarse a lo largo de un año, los expertos no lograron salvar el espectacular conjunto, datado en el período de la Tetrarquía —llamado así por los cuatro emperadores que tenía entonces el Imperio—, entre los siglos III y IV d.C.
«Las excavaciones arrojaron mucha luz sobre el yacimiento y permitieron identificar que se trataba de un complejo palatino de período bajoimperial, un edificio único en el Imperio Romano tanto por sus dimensiones como por su diseño arquitectónico», cuenta el arqueólogo Rafael Hidalgo, que fue codirector de los trabajos. «El palacio se organizaba en torno a una plaza semicircular de 108 metros de diámetro —detalla—. A su alrededor había edificios de carácter representativo, una sala de planta basilical, una sala de banquetes, termas o apartamentos privados de residencia. Unos modelos absolutamente singulares».
Desastre político
Aunque una comisión internacional de expertos reclamó la conservación del yacimiento, no sirvió de nada. Cerca del 60 por ciento desapareció a partir de mayo de 1992, cuando las obras volvieron a ponerse en marcha. Las prisas por construir el AVE Madrid-Sevilla —la Exposición Universal de ese año obligaba a que la línea estuviera lista lo antes posible— firmaron su sentencia de muerte. Con el tiempo, la corrupción que había envuelto al proyecto fue saliendo a luz. Al principio, el 'caso AVE' fue un apartado del 'caso Filesa', abierto para investigar la financiación irregular del PSOE en los años 80. La Justicia descubrió que empresas a las que se había adjudicado la obra, como Siemens, habían pagado seis millones de euros a sociedades relacionadas con los socialistas.
Por si ese contexto no era lo suficientemente adverso, la actitud del entonces alcalde de Córdoba, Herminio Trigo (Izquierda Unida), tampoco resultó de ayuda. «Trigo afirma que movilizará a la ciudad si es preciso para construir la nueva estación», titulaba el 'Diario de Córdoba' en mayo de 1992. «El hecho de que aparezca el anillo del obispo Sansón puede ser interesante porque ayuda a fechar la época de los restos —declaraba en ese artículo—, pero sería ridículo que el haber encontrado un anillo impidiera la construcción de la estación». Durante una entrevista con ABC en junio de 1992, el regidor también lamentó las «posturas integristas» y el «exacerbado interés científico» de los expertos.
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Progreso mal entendido
Un año después del hallazgo, Trigo logró imponer su criterio. Córdoba ganó la estación del AVE, pero perdió una de las perlas arqueológicas de su patrimonio. Una herida que no se cerró del todo. «Creo que lo de Cercadilla puede ocurrir de nuevo porque ya ha pasado. El plan de urbanización de la zona del poniente de Córdoba sacó a la luz kilómetros de arrabales califales, de la ciudad del siglo X. Se excavaron pero no se protegieron, porque se han construido viviendas y centros comerciales», lamenta Fuertes. «Se puede compatibilizar patrimonio y progreso. Mérida es un yacimiento a cielo abierto. Eso es una verdadera integración de los restos arqueológicos», añade.
Para los expertos, los argumentos de Trigo eran una falacia. «No ha vuelto a pasar algo tan grande y flagrante como Cercadilla, que se ha convertido en el pecado original de la arqueología andaluza», recuerda el arqueólogo Juan Miguel Pajuelo, miembro de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (Pepa). «El problema es cuando se quiere enfrentar el interés público con la conservación de los restos arqueológicos, que son la memoria material de todos los ciudadanos». «El progreso –asevera– es conservar lo que nos define, nuestra identidad». Una idea que también defiende el miembro de Pepa y arqueólogo José Manuel López Eliso: «El patrimonio no puede ser un problema para el progreso, porque puede ser el motor económico de un pueblo. Se puede conjugar ambas cosas perfectamente».
Patrimonio en peligro
Por los avatares de su historia, España ha heredado un rico patrimonio arqueológico que no siempre ha sido conservado con el cuidado conveniente. La página Lista Roja del Patrimonio —una iniciativa de la asociación Hispania Nostra— sitúa en el mapa los tesoros que se sufren riesgo de «desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores», localizando 886 restos sometidos a ese peligro. «La ley del patrimonio histórico y las normativas autonómicas supusieron un paso importante para la protección del patrimonio cultural. Hoy en día, las administraciones cuentan con recursos para detener las agresiones y evitar la pérdida de yacimientos importantes», explica Víctor Antona, portavoz del comité científico de Hispania Nostra.
Aunque siguen existiendo dificultades, la situación del patrimonio español ha cambiado durante las últimas décadas. «Soy optimista, porque soy muy mayor y he visto todo mejorar», explica la catedrática María de los Ángeles Querol, profesora del grado de Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid. «En 1916 —explica—, se estableció que había que pedir permiso a la administración competente, entonces el Estado central, para hacer una excavación. Pero muchos yacimientos se destruyeron por culpa de las grandes obras públicas, sobre todo a partir del desarrollismo de los años 60, porque se arrasaron terrenos. Desde el año 78, las administraciones competentes pasaron a ser 18, porque se pedía a gritos una mejora en la gestión del patrimonio arqueológico». «Yo no soy conservacionista. Considero que los monumentos y los yacimientos nacen, viven y desaparecen, pero nuestra obligación es que antes se documenten bien», puntualiza.
La pérdida del palacio romano de Córdoba es irreparable, pero todavía se puede evitar que algo así suceda de nuevo. Como reclaman los arqueólogos, basta con comprender que conservar nuestra herencia, el legado de nuestros antepasados, también es mirar hacia el futuro.
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