La construcción del metro en Tesalónica pone en pie de guerra a los arqueólogos
El hallazgo y los planes de «traslado» de un importante hallazgo monumental divide a la clase política y asociaciones científicas y culturales
Tesalónica, la segunda ciudad de Grecia y la segunda en importancia durante el Imperio Bizantino tras Constantinopla, es ahora el centro de una gran polémica acerca de su transporte urbano. La ciudad, que reúne más de un millón de habitantes, sigue sin tener metro, un proyecto anunciado en los años ochenta que empezó a construirse en 2006 y se espera inaugurar en 2023. Algo esencial no solo para los habitantes de la ciudad, que verán cómo se reducirá su tiempo de transporte hasta en un 66 por ciento, sino que también disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad en 5.000 toneladas al año.
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El proyecto de la compañía Attiko Metro S.A. es la construcción de 34 estaciones en dos líneas, de las que ya se están terminando 18 -lo que representa 14.4 kilómetros de túneles-, para que lo utilicen a diario más de trescientas mil personas. Durante las excavaciones para la construcción se han descubierto alrededor de trescientos mil hallazgos arqueológicos. Primero están los denominados movibles, como monedas, cerámica, joyas de oro, objetos de plata, cobre, vidrio etcétera, desde el periodo helenista hasta el gran incendio que destruyó casi toda la ciudad en 1917.
Conjuntos monumentales
Asimismo existe un elevado número de conjuntos monumentales, entre los que se encuentran basílicas, cementerios; y el objeto principal de la polémica actual: a pocos metros de la estratégica estación central Venizelu, por donde pasan las dos líneas de metro previstas, se descubrió la «Avenida de la Antigüedad», una enorme vía central primero romana -la Decumanus Maximus de la ciudad-, y con edificaciones posteriores, bizantinas, del siglo VI d.C. Porque el centro comercial de Tesalónica fue construido en el siglo IV, durante el reinado del emperador Cesar Galerio, y fue reconstruido dos siglos después, en la época bizantina. La idea de los constructores y de las autoridades es retirar temporalmente y con cuidado las ruinas para poder terminar esta estación del metro sin dificultades (el túnel ya está hecho) y, sin dañarlas, «devolverlas» a su sitio antes de la inauguración en 2023.
Esta avenida, típica de las grandes ciudades romanas, y construida con placas de mármol que posteriormente fueron sustituidas por piedras, incluye una gran plaza rodeada de talleres y tiendas. Forma parte de la histórica Vía Ignatia, la continuación de la Vía Apia, que era una «autopista» militar utilizada por los legionarios desde Roma hasta Constantinopla, y que recorre entre otros países actuales parte del norte de Grecia desde Albania hasta la República de Macedonia del Norte. En Tesalónica estas ruinas se encuentran a sólo seis metros de profundidad de la actual calle Ignacia (Egnatía Odos en griego), una de las calles más importantes de la ciudad.
Estación Venizelu
Las labores del metro se interrumpieron en la estación Venizelu mientras los expertos estudiaban e identificaban todo lo descubierto. Todos los arqueólogos y restauradores griegos y muchos especialistas extranjeros los que se pronunciaron a favor de mantener todo en su lugar, recogiendo la exclamación del bizantinista italiano Paolo Odorido: «¿De verdad que vais a destruir vuestra Pompeya bizantina?» Contra la decisión estatal de llevarse las ruinas, acudieron a los tribunales la Asociación de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente Elleniki Eteria (miembro de Europa Nostra), junto con el Movimiento Ciudadano para una Sociedad Abierta, las asociaciones de arqueólogos y restauradores griegos, así como trabajadores del ministerio de Cultura, entre otros muchos colectivos. Otros organismos internacionales, como el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) y la Unesco apoyan que no se desplacen los monumentos, al igual que otros muchos organismos extranjeros.
Se espera la decisión del Consejo de Estado en las próximas semanas con cierta inquietud: no sólo la obra se está retrasando, sino que peligra una parte de su financiación europea y, presuntamente, muchos intereses tanto económicos como políticos, locales y nacionales. Para el Gobierno es una prioridad que se termine esta obra, mientras que para los arqueólogos y especialistas el desplazamiento dañará a los monumentos, ya de por sí frágiles, «y se perdería su origen y autenticidad», como afirma Vasilis Koniordos, un experto restaurador del Ministerio de Cultura, que ahora es vicepresidente de Elleniki Etería en Tesalónica. Él y sus compañeros arqueólogos , junto con más especialistas, han presentado otras soluciones, como el que comience a operar el metro lo antes posible pero «saltándose» esta estación concreta, sin paradas ni acceso para los viajeros, ya que está muy cercana de la anterior estación, Santa Sofía, y así no se paralizaría la ciudad. Su campaña incluye el eslogan «Las antigüedades no se van de paseo», que ha conseguido mucho apoyo popular local.
Acusaciones e intereses
Hay muchas acusaciones e intereses en juego en la ciudad mas importante del norte de Grecia, cercana a Macedonia del Norte, Turquía y Bulgaria, cuyo puerto está aumentando y mejorando. Los residentes de la capital y sus alrededores están cansados de tanto retraso y quieren que la obra se inaugure lo antes posible. Los arqueólogos y trabajadores del sector de la cultura quieren otras soluciones, siempre más difíciles y caras. Y hay también acusaciones públicas, denunciando que la empresa a la que se ha encargado el desplazamiento de los monumentos es del ingeniero Dimitris Korrés, hermano de Manolis Korres, el destacado y reconocido arquitecto gran especialista de la restauración de la Acrópolis , que participó en la votación del KAS sobre este tema el año pasado. También se denuncia que un respetado arqueólogo y académico, Mijalis Tiberios, que fue unos años consejero de Attiko Metro S.A. también votó, como Manolis Korrés, a favor de desplazar las ruinas en dicha sesión. Pero como dijo la Ministra de Cultura, Lina Mendoni, en el Parlamento, «Todos estamos esperando» la decisión del Consejo de Estado, insistiendo en que si éste «considera ilegal la Decisión Ministerial de 2020, sencillamente la Administración estará obligada a cumplir con su decisión».
