Anticorrupción pide cuatro años y diez meses de cárcel para Ramoncín
Se le acusa de apropiación indebida y falsedad documental en el caso SGAE. José Miguel Alonso pide la misma pena para José Luis Rodríguez Neri, ex director general de la SDAE y presunto cabecilla de la trama
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años y diez meses de cárcel para Ramoncín por la supuesta emisión de facturas que cargaba a la Sociedad General de Autores (SGAE) por servicios inexistentes. En su escrito de acusación, el fiscal José Miguel Alonso pide para el cantante dos años y diez meses por apropiación indebida y dos años más por el de falsedad documental y una multa de 13.924 euros por delito societario.
Por estos mismos hechos, el fiscal pide también una pena de cuatro años y diez meses para el ex director general de la SDAE (filial digital de la SGAE) y presunto cabecilla de esta trama, José Luis Rodríguez Neri, dos años y nueve meses para Pablo Antonio Hernández Arroyo y dos años para Enrique Loras.
El pasado 15 de mayo, en sendos autos, el juez José de la Mata abrió pieza separada y pidió que se inicie juicio contra Ramoncín, Neri, Loras y Hernández Arroyo en relación con la emisión fraudulenta de facturas que figura en el sumario del caso. Según el auto , el cantante estuvo durante años «presuntamente emitiendo y cargando a SGAE facturas por supuestos servicios realizados para la misma, que en determinados casos no se corresponden con contraprestación alguna». A todos ellos, y por los hechos investigados, el juez les imputa en la causa por los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta.
El auto enumera las facturas y los pagos consiguientes objeto de investigación que, según el juez, fueron presentadas por Ramoncín con la connivencia de José Luis Rodríguez Neri, director general de SDAE, y con cargos directivos en SGAE y Portal Latino. Las posibles facturas irregulares fueron emitidas por el propio Ramoncín o a través de su editora musical, Júpiter Music, y, si se demostrara su ilegalidad, supondría que el músico pudo obtener de modo ilícito 57.402 euros .
Entre 2008 y 2011, por cuatro de esas facturas se embolsó 43.950 euros. Ramoncín cobró 10.000 euros por un proyecto de programa: «El creador» (2008). En el sumario consta un documento de catorce páginas. No se llegó a emitir. En 2009 cobró 5.800 euros en concepto de «La caja fuerte virtual», una herramienta informática que no se ha encontrado, pero sí hay un vídeo y una presentación explicativa en su lugar. En 2010 y 2011 propuso otro programa: «¿Hablamos el mismo idioma?», del que hay dos facturas, de 11.800 y 16.250 euros, respectivamente.
Hay dos contratos con discrepancias entre sí, según el auto, y la primera cantidad, un adelanto, excede lo estipulado, mientras que el segundo pago no estaba en ninguna de las cláusulas del contrato. Todas estas facturas fueron autorizadas por Neri, en SDAE o en Portal Latino . También en 2010 realizó un «proyecto de divulgación de los derechos de autor» por el que emitió una factura a la SGAE y cobró 6.962 euros. El juez hace notar que el documento tenía 25 páginas. En esta última y la siguiente figuran la autorización de Enrique Loras y Pablo Hernández.
Por último, el juez añade otra factura de 2011, un adelanto de la indemnización que SGAE había ganado en sentencia firme a un tercero. ABC ha podido saber que la sentencia condenaba a la web alasbarricadas.org al pago de 6.000 euros a Ramoncín por los insultos recibidos en dicha web. Llevada la denuncia por intromisión al honor hasta el Supremo, el Consejo Directivo de SGAE abonó los honorarios del abogado del despacho Josep Coll, que defendió al cantante, y después decidió no ejecutar la sentencia para «evitar la espiral de agresividad con dicho movimiento». Lo cierto es que el Consejo celebrada decidió el 11 de julio de 2012 pagar a Ramoncín 5.500 euros en concepto de adelanto, según el acta. Pero en el auto, el juez marca en 6.490 euros la factura e indica que «no es atribuible en este caso al beneficiario el perjuicio económico».
El caso SGAE se abrió en 2011 a raíz de la operación en la que fueron detenidos, entre otros, el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista ; su director general, Enrique Loras, y el director financiero, Ricardo Azcoaga, así como la esposa de Neri por su relación con la empresa Microgénesis, vinculada a su marido. En noviembre de 2014, la Audiencia Nacional condenó a dos años y medio de cárcel al exdirector de Relaciones Corporativas de la SGAE, Pedro Farré , por cargar en su tarjeta corporativa gastos en locales de alterne, entre 2008 y 2009, hasta una cantidad de 40.000 euros.
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