Más de 400.000 papeles deberían volver al Archivo de Salamanca

Por fin se sustancia en los tribunales la investigación que ha puesto en evidencia cómo la Generalitat de Cataluña podría haber incumplido gravemente la Ley 21/2005 que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó para devolver documentos incautados en Cataluña durante la Guerra Civil . Después de tantas polémicas, asomarse al cúmulo de errores resulta desolador, y el investigador Policarpo Sánchez , que los ha reunido, tiene un mérito indudable al haber llegado tan lejos. «Tanto si fue una chapuza como si es algo peor, se ha incumplido la ley, y si los tribunales así lo creen, esto deberá enmendarse», declara a ABC la víspera del acto que ha organizado en Salamanca para dar voz a la sociedad civil. En un momento en el que la Generalitat mantiene otros desafíos contra el Estado, para Sánchez resulta fundamental exigir también que cumpla esta ley estrictamente.

Las cifras sobre las que tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resultan indignantes: no menos de 200.000 documentos no han sido restituidos a sus originales propietarios o a sus sucesores, sino a entidades diferentes que nada tienen que ver con ellos, pero están en Cataluña, lo cual podría ser un fraude de ley. Además, la Generalitat habría fracasado al tratar de devolver otros 200.000 documentos, según la demanda, y por tanto esos papeles deberían volver automáticamente al Archivo, según indicaba una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013. Hay más: en un estudio realizado casi al azar, se han detectado al menos 604 casos en los que la Generalitat no dejó copia digital de los documentos, una condición sin la cual, según la Ley mencionada, nunca deberían haber abandonado Salamanca.

Policarpo Sánchez no recibió ninguna ayuda de la Generalitat, poco dispuesta a ese tipo de revisiones en un asunto en el que la política ha manchado la memoria de una represión que todos deberíamos conocer y recordar. El conseller de Cultura, Ferrán Mascarell , reconocía en una resolución de principios de 2014 que sí había algunos errores, pero indicaba que ya se subsanarían «llegado el momento»… También ha utilizado los edictos de la Generalitat para recontar las insuficientes devoluciones (5 de 114 partidos, 7 de 21 personas físicas, 6 de 23 asociaciones).

Paradójicamente, Sánchez tampoco obtuvo ninguna ayuda del Gobierno central, ya que la Secretaría de Estado de Cultura no le dejó acceder ni siquiera a las actas de la comisión técnica que decidió qué documentos viajaban a Barcelona y por qué. Visto el resultado, a él le resulta chocante la falta de transparencia. Aún así, Sánchez ha logrado presentar un caso contundente contra el Gobierno regional catalán, en el que ha puesto incluso su dinero. La asociación que preside, Salvar el Archivo de Salamanca, ha habilitado una cuenta para quienes quieran colaborar con el caso: ES37-0182-6226-9302-0150-1278.

Hoy, cuando la demanda está en marcha , la Generalitat ha presentado alegaciones. Pero las ha presentado solo en catalán, obligando a dilatar los plazos a la busca de una traducción jurada. A la administración catalana demandada por incumplir la ley se le han unido en esta «lucha» tan asimétrica la Comisión de la Dignidad y los abogados de Esquerra Republicana de Catalunya . Para el nacionalismo, comenta Sánchez, «jamás existirá una foto de regreso de los documentos».

¿Y cómo fue posible? Sánchez apunta a Severiano Hernández , representante del Gobierno central en la comisión técnica, que fue nombrado por Zapatero en 2008 y permanece en su puesto.