La defensa pide la prescripción del delito fiscal en Terra Mítica
Piden la prescripción de los delitos contra Hacienda, falsedad documental y la nulidad de las grabaciones realizadas por los dos exdiputados socialistas que denunciaron el caso. Los letrados de los acusados en la causa Terra Mítica aprovecharon en la mañana de ayer la primera sesión del jucio por esta causa, celebrada en la Audiencia de Valencia, y en la que se ha investigado un fraude de 4,4 millones euros a través de una presunta trama de facturas falsas por trabajos no realizados en el parque temático de Benidorm (Alicante), para solicitar la prescripción del delito fiscal. «Están infundados», aseguró uno de los abogados de los acusados.
La vista de este macrojuicio, que lleva investigándose más de diez años, arrancó una hora más tarde de lo previsto ante la ausencia de un letrado. La jornada se destinó a cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los 35 acusados –tres menos después de que uno falleciera y a dos se les sobreseyera la causa– empezarán la segunda semana de abril.
El fiscal solicitó la incorporación de nueva jurisprudencia a la causa, algo a lo que se opusieron las defensas. Tras ello, le llegó el turno a los abogados del parque, quienes ejercen de acusación y defensa. Esta parte centró su intervención en solicitar la prescripción del delito fiscal por el pago del IVA en el año 2000, requerimiento al que se adhirió el resto de las defensas.
El delito fiscal prescribía en el momento de los hechos a los cinco años de haberse cometido, tal y como contemplaba el Código Penal. De esta forma, según mantienen tanto los abogados del parque como de los acusados, el plazo de prescripción del delito comenzaría a contar el 31 de enero de 2001 –el presunto fraude se cometió con el IVA del año 2000– y concluiría el 31 de enero de 2006.
El caso se archivó en enero de 2006 puesto que Hacienda no había dado trámite a los acusados antes de formular su denuncia en Fiscalía a finales de 2005, y en junio del mismo ejercicio el juzgado decidió reabrir las actuaciones tras haber completado la Agencia Tributaria el trámite requerido y al ver que seguían en vigente los supuestos delitos cometidos.
Sin embargo, cuando el procedimiento fue abierto, según mantienen estas defensas, el delito fiscal del IVA del año 2000 ya había prescrito hacía cinco meses, en enero de 2006. Pero no para Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes mantienen que el posible delito se consuma cuando se materializa el pago del IVA por parte de los acusados o de Hacienda, que fue en julio de 2001, con lo que su prescripción sería en julio de 2006.
El abogado del empresario Vicente Conesa fue uno de los más exhaustivos en su intervención y el primero en reclamar la nulidad de las citadas grabaciones, efectuadas por los exdiputados socialistas José Camarasa y Toni Such a Antonio Moreno y José Herrero, empresarios procesados.
